Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los derechos de emisión gratuitos siguen representando más del 40 % de todos los derechos de emisión disponibles en el marco del régimen de «limitación y comercio» de derechos de emisión de la UE (RCDE). Estos derechos gratuitos, distribuidos a la industria, la aviación y, en algunos Estados miembros, al sector eléctrico no estaban bien orientados. Además, el ritmo de la descarbonización en el sector energético se redujo significativamente. La Comisión necesita actualizar su procedimiento para orientar los derechos gratuitos y así reflejar el Acuerdo de París y los últimos acontecimientos.

En principio, en el RCDE de la UE, se pone un precio a las emisiones de carbono y se subastan los derechos de emisión. Las subastas celebradas también proporcionan ingresos para la acción por el clima. El RCDE de la UE recurre a derechos gratuitos para disuadir a las empresas de la UE de deslocalizar la actividad a países no pertenecientes a la UE con normas medioambientales menos exigentes, pues ello reduciría la inversión en la UE y aumentaría las emisiones globales, lo que se denomina «fuga de carbono». Los sectores de la industria y de la aviación se benefician de derechos gratuitos, a diferencia de la mayoría de los operadores del sector energético, ya que se considera que pueden repercutir los costes del carbono directamente a los consumidores. Sin embargo, en los ocho Estados miembros con un PIB per cápita por debajo del 60 % de la media de la UE, el sector energético recibió derechos gratuitos para permitir la modernización.

«Los derechos de emisión gratuitos deberían orientarse a los sectores industriales con menor capacidad de repercutir los costes del carbono a los consumidores», señala Samo Jereb, Miembro del Tribunal de Cuentas responsable de la auditoría. «Ahora bien, esto no es así. También se considera que sectores que representan más del 90 % de las emisiones industriales se encuentran en situación de riesgo de fuga de carbono y se benefician continuamente de elevadas tasas de derechos de emisiones gratuitos. A menos que la asignación de dichos derechos gratuitos se oriente mejor, la UE no aprovechará plenamente las ventajas que el régimen pudiera tener en la descarbonización, y en las finanzas públicas».

Los auditores constataron que los sectores energéticos que recibieron derechos de emisión gratuitos para invertir en la modernización hicieron unos progresos significativamente más lentos que otros Estados miembros. Las inversiones a menudo se utilizaron para mejorar centrales eléctricas existentes de lignito y hulla y no para pasar a combustibles menos contaminantes, en particular en Bulgaria, Chequia, Polonia y Rumanía. Los auditores reconocen que la Comisión ha impuesto normas más estrictas al sector de la energía para el período 2021‑2030.

La asignación gratuita de derechos de emisión a los sectores industriales se basa en valores de referencia de los mejores resultados de cada sector. Los derechos se suprimirán progresivamente de aquí a 2030, a menos que el sector se considere en riesgo de fuga de carbono, en cuyo caso la asignación no se reducirá. Mientras que este enfoque presenta incentivos para mejorar la eficiencia energética, los auditores consideran que es necesaria una mayor orientación. Los sectores industriales considerados en riesgo de fuga de carbono todavía representan más del 90 % de las emisiones industriales de la UE, sin diferenciarse los distintos niveles de riesgo, lo que permite a todos estos sectores seguir beneficiándose de la totalidad de los derechos de emisión gratuitos. Los auditores recomiendan que la Comisión oriente los derechos de emisión gratuitos en función de su exposición a distintos niveles de riesgo.

Además, el sector de la aviación recibe derechos gratuitos de emisión, aunque puede repercutir los costes del carbono a los usuarios. Los auditores advierten de que esto puede servir de apoyo al transporte aéreo intensivo en carbono, en detrimento del transporte ferroviario.

Debido a la falta de orientación, en el contexto de las actuales disposiciones, la mayor parte de los derechos de emisión gratuitos no se reducirán a cero antes de 2030. Los auditores sostienen que con una distribución más específica se habría abordado el riesgo de fuga de carbono, reducido los beneficios imprevistos y mejorado las finanzas públicas, aumentando la proporción de derechos de emisión subastados.