La Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) no han demostrado que la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) a Kenia entre 2014 y 2020 atendiera los obstáculos para el desarrollo del país y se centrara en la reducción de la pobreza, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Los proyectos financiados por el anterior FED 2008‑2013 lograron los resultados esperados, pero no tuvieron un impacto visible en el desarrollo general de la economía keniata. Los auditores piden ahora a la UE que revise su planteamiento en la asignación de ayuda al desarrollo.

La ayuda al desarrollo de la UE se destina a la reducción de la pobreza (y su erradicación en último término) en los países beneficiarios incentivando la buena gobernanza y el crecimiento económico sostenible. El FED es la principal fuente de financiación de la UE en Kenia. La ayuda recibida por este país en el marco del 11.º FED entre 2014 y 2020 ascendió a 435 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 0,6 % de sus ingresos fiscales. Los auditores examinaron si la Comisión y el SEAE habían destinado eficazmente esta financiación a aquellos ámbitos en los que más podría contribuir a la reducción de la pobreza.

En palabras de Juhan Parts, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, «no hallamos suficientes pruebas de que la ayuda concedida en el marco del 11.º FED se canalizara a los ámbitos que más podían contribuir a reducir la pobreza. La creación de empleo es la forma más eficaz y sostenible de reducirla y, por lo tanto, los fondos de la UE deberían centrarse principalmente en el desarrollo económico».

Los auditores constataron que el proceso no permite que la asignación de las ayudas del FED esté sujeta a los resultados de un país, a su gobernanza, o a su compromiso con las reformas estructurales o la lucha contra la corrupción. La Comisión y el SEAE asignaron aproximadamente el 90 % de la financiación del FED destinada a Kenia para el período 2014‑2020 a través de una fórmula estándar aplicada a los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) que omite los obstáculos específicos a su desarrollo y el déficit de financiación. En las asignaciones por país tampoco se tuvieron en cuenta las subvenciones o los préstamos de otros donantes.

La ayuda cubría solo una pequeña parte de las necesidades de desarrollo en Kenia y se repartió en varios ámbitos como la agricultura, las situaciones de urgencia por las sequías, la energía y las infraestructuras de transporte, los procesos electorales, la gestión de las finanzas públicas y el sistema judicial. Como advierten los auditores, repartir la financiación en tantos ámbitos aumenta el riesgo de que no se alcance la masa crítica suficiente para la consecución de resultados significativos en ningún sector. Asimismo, los motivos en los que se basa la selección de sectores no están suficientemente claros: la Comisión y el SEAE no realizaron su propia evaluación específica de los objetivos del país ni de sus obstáculos al desarrollo, ni explicaron cómo y por qué los sectores beneficiarios de las ayudas serían los que más contribuirían a reducir la pobreza.

Los auditores no hallaron las razones por las que la Comisión y el SEAE habían decidido no prestar su apoyo directo a la manufactura, un sector con gran potencial para la creación de puestos de trabajo. La mayor parte de la financiación se destinó al ámbito de seguridad alimentaria y resiliencia climática (228,5 millones de euros), que probablemente mejora el nivel de vida de las comunidades rurales y pequeños agricultores, especialmente en zonas secas, pero no ayuda a avanzar en la comercialización de la agricultura y la expansión del sector agroalimentario. Por el contrario, la financiación destinada a la energía y las infraestructuras de transporte (175 millones de euros) es demasiado limitada para conseguir los objetivos tan ambiciosos acordados con las autoridades keniatas y lograr un impacto significativo. Teniendo en cuenta la percepción de una corrupción generalizada en el país, los auditores sostuvieron también que la UE prestaba un escaso apoyo directo a las medidas de la lucha contra la corrupción.

Por consiguiente, los auditores recomiendan que la Comisión y el SEAE:

• examinen el método de la UE para asignar financiación entre países ACP y la condicionen a los resultados del país beneficiario y a su compromiso con las reformas;
• evalúen la masa crítica para seleccionar los sectores prioritarios en Kenia, y den prioridad al desarrollo económico sostenible y al Estado de Derecho de dicho país.