Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) financian las principales políticas de inversión de la UE, pero su ejecución genera costes administrativos. Según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, dichos costes administrativos son relativamente bajos en comparación con otros programas similares de la UE y otros financiados a nivel internacional. Sin embargo, los datos recabados sobre los costes eran insuficientes para evaluar el impacto de la simplificación de las normas que rigen los fondos de la política de cohesión.
La política de cohesión de la UE tiene por finalidad reducir las disparidades de desarrollo entre las distintas regiones, reestructurar las zonas industriales en declive y fomentar la cooperación en toda la Unión Europea. Los gastos de este ámbito representan aproximadamente el 37 % del gasto global del presupuesto de la UE, y ascendieron a 352 000 millones de euros en el período 2014‑2020.
La política de cohesión se ejecuta a través de programas operativos (PO), en los que la Comisión adopta una propuesta de un Estado miembro sobre la forma de gastar los fondos nacionales y de la UE asignados a los programas. La gestión y el control efectivos se delegan entonces en las autoridades de los Estados miembros, que pueden solicitar ayuda financiera con cargo al presupuesto de la UE en concepto de «asistencia técnica» para todas las actividades necesarias para llevar a cabo un programa, incluidos los gastos de personal necesarios.
En palabras de Pietro Russo, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría, «la información sobre los gastos administrativos de los programas financiados por la UE debe ser completa y estar a disposición del público para demostrar a nuestros ciudadanos que las políticas se están ejecutando de manera eficiente. Nuestras constataciones y conclusiones son pertinentes para el período de programación 2021‑2027 y para aumentar la eficacia de los sistemas de gestión y control en los Estados miembros».
Los auditores constataron que los costes administrativos de la ejecución de los fondos de la política de cohesión de la UE son comparativamente inferiores a los de otros programas de financiación europeos e internacionales. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que la Comisión no había recopilado los datos subyacentes sobre los costes de manera completa, consecuente y coherente, lo que dificulta su utilización, por ejemplo, para evaluar el impacto de la simplificación de las normas de la UE en los costes administrativos de la gestión de los programas. En el período 2014‑2020, por ejemplo, la Comisión consideró que la introducción de varias medidas de simplificación debería dar lugar a una reducción de los gastos administrativos. Por el contrario, en una encuesta realizada por el Tribunal, los Estados Miembros indicaron que preveían un aumento de dichos gastos. En este sentido, los auditores observan que es posible que los ahorros de costes estimados derivados de las medidas de simplificación en los periodos 2014‑2020 y 2021‑2027 no se alcancen, ya que el impacto definitivo depende en gran medida de las prácticas administrativas nacionales o regionales.
Los auditores recomiendan que la Comisión identifique otros posibles ahorros mediante la evaluación de las prácticas administrativas de los Estados Miembros, en estrecha cooperación con ellos, y efectúe un seguimiento para determinar si se han materializado los ahorros de costes estimados.
