El Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) ha adoptado las medidas necesarias para seguir prestando un servicio de auditoría pública eficaz en la UE y presentando puntualmente informes de auditoría, dictámenes y análisis durante la pandemia de COVID-19 en la medida en que lo permitan las difíciles circunstancias. Asimismo, deseamos manifestar nuestra gratitud a todas las personas que trabajan para salvar vidas y combatir la pandemia en Luxemburgo, en la UE y en todo el mundo, y nos comprometemos a apoyar la política del Gobierno luxemburgués en materia de protección de la salud pública. Continuamos trabajando en nuestro propósito de mitigar los efectos de la actual crisis sanitaria en nuestro personal, y hemos adoptado medidas preventivas para minimizar, en la medida de lo posible, los riesgos para ellos y para sus familias.
Mitigar las consecuencias del brote de COVID mediante los fondos estructurales requiere un equilibrio entre una mayor flexibilidad y la rendición de cuentas, afirman los auditores
La Comisión Europea propone la flexibilización temporal de las normas de gasto aplicables a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para ayudar a los Estados miembros a mitigar los efectos del brote de COVID-19. Según un nuevo dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal), aunque la ayuda de la UE deba ponerse a disposición de los Estados miembros lo antes posible, la flexibilización de los procedimientos existentes plantea riesgos.
La propuesta de la Comisión se inscribe en la respuesta de la UE a la crisis del COVID-19. Al tratarse de una medida excepcional, propone nuevas normas que permiten transferir con mayor rapidez los Fondos EIE a los Estados miembros y ofrecer a estos mayor flexibilidad para orientar la ayuda de la UE allí donde sea más necesaria. Así, permitiría a los Estados miembros pedir el 100 % de la financiación de la UE sin incrementar su porcentaje de cofinanciación ni tener que dedicar una parte fija a cuestiones clave tales como la investigación o el clima, así como transferir más fácilmente fondos entre sus programas y regiones, y decidir por sí mismos qué orientación darles.
«La actual situación exige la movilización urgente de todos los recursos financieros disponibles para afrontar los efectos del brote de COVID-19 en la salud, las empresas y los ciudadanos» afirma Iliana Ivanova, Miembro del Tribunal responsable del dictamen. «Esta reacción a corto plazo propuesta por la Comisión es necesaria para ayudar a los Estados miembros a mitigar los efectos de la crisis del COVID-19, pero hay que encontrar el equilibrio adecuado; además, esta propuesta no debería implicar compromisos sustanciales en la rendición de cuentas».
Los auditores constatan que la propuesta no facilita aclaraciones adicionales sobre la naturaleza prevista de las operaciones que fomenten la capacidad de respuesta a la crisis. También señalan que ni la Comisión ni los legisladores dispondrán fácilmente de información fiable sobre el gasto de los Fondos EIE en respuesta al brote de COVID-19, lo cual podría afectar a la rendición de cuentas del uso de los fondos ante los ciudadanos de la UE.
Los auditores consideran que la Comisión tendrá que supervisar atentamente la evolución de la situación para garantizar que las medidas temporales y excepcionales siguen vigentes solo mientras lo requiera la situación extraordinaria. Aunque algunas medidas estarían disponibles por un período de tiempo especificado, otras estarían vigentes hasta el final de 2023, cuando finalice el actual período de pago de los programas. Esto permitiría a los Estados miembros financiar sus operaciones de respuesta a la crisis y financiar medidas relativas al COVID-19 que ya han sido adoptadas.
La propuesta de la Comisión está siendo debatida actualmente por los dos legisladores –Parlamento Europeo y Consejo– y se espera que esté finalizada en las próximas semanas.
El Dictamen 3/2020 del Tribunal sobre la propuesta de Reglamento por el que se modifican el Reglamento sobre el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 fue solicitado por el Parlamento Europeo y el Consejo con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la UE. Actualmente puede consultarse en el sitio web del Tribunal eca.europa.eu en inglés; las restantes lenguas estarán disponibles en breve. Anteriormente, los auditores emitieron un Dictamen sobre la propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) para 2021‑2027 en 2018, y próximamente, publicarán otro sobre la propuesta modificada de la Comisión de Reglamento sobre disposiciones comunes para 2021‑2027.
