Oxfam Intermón ha pedido que se movilicen cerca de 160.000 millones de dólares en ayuda y cancelación inmediata de la deuda externa para financiar un plan global de salud pública y respuesta de emergencia destinado a prevenir la muerte de millones de personas como resultado de la crisis del coronavirus COVID-19.

El plan, que cuenta con cinco medidas, ayudaría a los países pobres a evitar la propagación de la enfermedad y a reforzar la capacidad de sus sistemas de salud para tratar a las personas afectadas.

La pandemia ha causado una ola de sufrimiento en los países ricos, colapsando algunos de los mejores sistemas de salud del mundo. Pero la propagación actual del virus en numerosos países pobres, donde los niveles de desigualdad y pobreza amenazan con exacerbar los efectos de la enfermedad, supondrá un desafío todavía mayor para la salud pública.

Cerca de 3000 millones de personas que viven en países en desarrollo carecen de acceso a agua apta para el consumo, y millones de personas más no tienen acceso a atención médica y viven en condiciones de hacinamiento en viviendas precarias o campamentos para personas refugiadas, en los que es imposible mantener un distanciamiento social. Y las mujeres serán las más afectadas, dado que suponen el 70% de la fuerza laboral en el sector de la salud y asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado.

“En Mali, hay tres respiradores por cada millón de personas. En Zambia, hay un médico por cada 10.000 habitantes”, afirma José María Vera, director ejecutivo interino de Oxfam Internacional. “La experiencia de Oxfam luchando contra el ébola nos dice que, si actuamos rápido, es posible detener esta enfermedad y sus catastróficos impactos. Pero la respuesta debe ser inmediata y a una escala sin precedentes”.

“Si no se actúa de manera inmediata con una ambición nunca antes vista, podríamos estar ante la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial”.

La universidad británica Imperial College estima que, a menos que se tomen medidas urgentes, al menos 40 millones de personas en todo el mundo podrían perder la vida a lo largo del próximo año. Según los cálculos de Oxfam Intermón, duplicar el gasto en salud en los 85 países más pobres del mundo (que representan cerca de la mitad de la población del planeta) costaría 159.000 millones de dólares. Esto supone menos del 10% del plan de estímulo financiero de Estados Unidos para amortiguar la crisis del coronavirus en el país. Si bien algunas instituciones donantes han comenzado a aumentar su contribución, por ahora el nivel de financiación no está ni mucho menos a la altura del enorme desafío.

Oxfam Intermón responde ante el COVID-19

Oxfam Intermón está trabajando con organizaciones locales, ministerios de Salud y agencias de las Naciones Unidas en 65 países para responder ante la crisis y ayudar a salvar vidas. En Cox’s Bazaar, en Bangladesh, donde 855.000 rohingya viven en campamentos improvisados, Oxfam Intermón está intensificando las medidas preventivas ante la enfermedad, distribuyendo jabón e instalando puntos para el lavado de manos en espacios comunes para 70.000 personas refugiadas. En Zaatari, en Jordania, el campamento más grande del mundo para población siria refugiada, la organización ha comenzado a realizar actividades de sensibilización para niños y niñas sobre higiene y lavado de manos, y tiene como objetivo proporcionar acceso a agua y servicios de higiene y saneamiento a 78.000 personas. Y en Burkina Faso, donde hay 780 000 personas desplazadas internas, Oxfam Intermón trabaja en algunas de las zonas donde más personas desplazadas hay para garantizar que tanto las comunidades de acogida como las desplazadas tengan acceso a agua apta para el consumo.

Para cubrir las apremiantes necesidades humanitarias que están emergiendo, Oxfam Intermón también pide a todos los Gobiernos que financien plenamente el plan de respuesta humanitaria mundial de las Naciones Unidas.

Oxfam Intermón pide al G20 y a otros Gobiernos nacionales que aborden de frente la crisis del coronavirus a través de un ambicioso plan de salud pública y de respuesta de emergencia. Las cinco medidas del plan son las siguientes:

1.   Un aumento enorme de la inversión en prevención. Promoción de la salud pública, participación de las comunidades, acceso para las trabajadoras y trabajadores humanitarios, abastecimiento de agua apta para el consumo e instalaciones de saneamiento, sobre todo para el lavado de manos;

2.   Diez millones de profesionales de la salud más, remunerados y protegidos. Además de la movilización urgente de financiación y equipamientos para el personal médico local y las trabajadoras y trabajadores humanitarios que ya se encuentren sobre el terreno;

3.   Acceso gratuito a la atención médica. Deberían eliminarse todas las tasas de la atención médica, y ofrecerse exámenes de diagnóstico y tratamientos de manera gratuita;

4.   Los Gobiernos deben poder disponer de todas las instalaciones médicas privadas. Los Gobiernos deben poder hacer uso de toda la capacidad de atención médica en sus países, garantizando que todas las instalaciones, ya sean públicas o privadas, se utilicen para luchar contra el virus y cubrir el resto de necesidades médicas esenciales;

5.   Las vacunas y los tratamientos deben ser un bien público universal. Debe alcanzarse un acuerdo mundial para que, cuando estén listos, los tratamientos y las vacunas estén rápidamente disponibles para todas las personas que los necesiten, de manera gratuita. El beneficio económico de las grandes empresas farmacéuticas no debe prevalecer sobre el futuro de la humanidad.

 “Es comprensible que los dirigentes nacionales se centren en ayudar a sus propios ciudadanos y ciudadanas”, admite José María Vera, “pero los líderes del G20 deben también encontrar la forma de apoyar a los países pobres. Solo podremos superar esta pandemia si actuamos en todos los países y para todas las personas. Nadie está a salvo hasta que todo el mundo lo esté”.