En el marco del Día Internacional para Combatir la Islamofobia (15 de marzo), la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes denuncia con firmeza la creciente vulneración del derecho a la libertad religiosa en España, particularmente en el ámbito educativo. La reciente prohibición del uso del hiyab en un instituto de Parla refleja una preocupante tendencia islamófoba en los centros educativos, y es una manifestación preocupante de la islamofobia estructural que se está consolidando en nuestras instituciones.
Cada vez más colegios prohíben el uso de esta prenda, escudándose en normativas internas y en la ausencia de una regulación estatal clara. Esto genera un vacío legal que permite la implementación de políticas discriminatorias contrarias a la Constitución Española y a los tratados internacionales sobre derechos humanos. La libertad religiosa, recogida en el artículo 16 de la Constitución, no puede ser restringida arbitrariamente por decisiones de los centros educativos. Esta decisión no solo incumple la normativa vigente en materia de libertad religiosa, sino que también contribuye a la exclusión y estigmatización de las mujeres musulmanas en nuestra sociedad.
El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el órgano de consulta más alto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha señalado al Gobierno la existencia de vulneraciones de derechos humanos en las prohibiciones del velo islámico en escuelas públicas. En su informe anual de 2022, titulado "Situación de las personas migrantes y refugiadas en España", advierte que esta práctica no solo atenta contra derechos fundamentales, sino que fomenta la segregación y discriminación en el ámbito educativo. En dicho informe, el Foro insta al Gobierno a tomar medidas para evitar que estas restricciones perjudiquen a los menores, los miembros más protegidos de nuestra sociedad. Afirma con rotundidad que, lejos de promover valores de igualdad y tolerancia, este tipo de prohibiciones generan un clima de exclusión que contradice los principios fundamentales de convivencia.
Además, el informe enfatiza que portar un símbolo religioso es una decisión libre de los alumnos y que tiene un significado mucho más profundo que la mera vestimenta. En este sentido, se hace un llamado a que los centros educativos fomenten el diálogo y establezcan excepciones en sus normativas internas en lugar de imponer medidas que atentan contra la dignidad y la libertad individual.
En un contexto donde no existe una regulación estatal específica sobre el uso de símbolos religiosos en las escuelas, son los propios centros los que están adoptando normativas internas que, en muchos casos, resultan discriminatorias y contrarias a la Constitución Española. Este vacío legal está siendo utilizado para justificar medidas que atentan contra el derecho fundamental a la libertad religiosa, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Española y protegido por la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.
La laicidad de las instituciones públicas no implica la prohibición de las expresiones religiosas individuales, sino la imparcialidad del Estado respecto a las creencias de sus ciudadanos. Como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, la neutralidad religiosa de las administraciones públicas es un principio esencial para garantizar la convivencia en una sociedad plural y democrática. Prohibir el hiyab en las aulas no es una medida neutral, sino una forma de exclusión que impide a muchas jóvenes musulmanas ejercer plenamente su derecho a la educación sin renunciar a su identidad.
La discriminación que enfrentan las mujeres musulmanas en España va más allá del ámbito educativo. Según el informe "Being Muslim in the EU" de la Fundamental Rights Agency, la islamofobia de género es una realidad alarmante que se traduce en mayor acoso, discriminación laboral y restricciones en el acceso a servicios públicos. En España, las mujeres que usan hiyab son objeto de prejuicios y obstáculos adicionales en ámbitos como la sanidad, el empleo y la participación social. Datos del informe de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes "Racismo estructural y discriminación en España" indican que un 47,5% de las personas encuestadas manifestaron haber sufrido discriminación, y en el caso de las mujeres musulmanas, la tasa es significativamente mayor.
El auge de discursos islamófobos en redes sociales y espacios públicos agrava esta situación. Organizaciones de derechos humanos han señalado que la difusión de mensajes de odio contra las personas musulmanas, especialmente mujeres, ha aumentado en los últimos años. Estudios recientes, como el realizado por Petter Törnberg y Juliana Chueri, demuestran que los partidos de extrema derecha han creado ecosistemas mediáticos alternativos para amplificar mensajes xenófobos y polarizar la sociedad. La propagación de desinformación y odio debe ser combatida con determinación por las autoridades españolas, mediante la aplicación efectiva del Código Penal en sus artículos 510 y 607.2, que sancionan los delitos de odio y la incitación a la violencia por motivos religiosos.
Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, exigimos a las instituciones públicas que cumplan con su deber de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción de credo. Instamos al Gobierno de España a tomar medidas concretas para prevenir y sancionar la discriminación religiosa en el ámbito educativo y social, así como a promover una regulación clara que evite la arbitrariedad en los centros escolares. Asimismo, apelamos a la sociedad civil y a los medios de comunicación para que contribuyan a frenar la islamofobia y promuevan un discurso basado en el respeto y la convivencia.
La educación es una herramienta fundamental para combatir el odio y fomentar el entendimiento mutuo. La UNESCO ha señalado que la sensibilización sobre la diversidad cultural y religiosa es clave para erradicar prejuicios y fortalecer la cohesión social. En este sentido, es imprescindible que desde las instituciones educativas se fomente una cultura de respeto a los derechos humanos y a la libertad de conciencia, permitiendo que todas las alumnas puedan ejercer su derecho a la educación sin verse forzadas a renunciar a su identidad religiosa.
La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes exige que las instituciones públicas actúen de manera contundente para garantizar el respeto a la libertad religiosa en España. No podemos permitir que en pleno siglo XXI, en un país democrático, se sigan vulnerando derechos fundamentales bajo el pretexto de normativas arbitrarias. Urge una regulación estatal que evite que los centros educativos impongan restricciones islamófobas que contribuyan a la estigmatización de niñas y adolescentes musulmanas.
El Gobierno de España tiene la responsabilidad de garantizar un entorno educativo libre de discriminación y respetuoso con la diversidad cultural y religiosa. La educación debe ser un espacio de inclusión y respeto, no de exclusión y segregación. Instamos a la administración pública a cumplir con sus compromisos internacionales y a tomar medidas urgentes para erradicar la islamofobia en las aulas.
Por todo ello, reiteramos nuestra denuncia ante la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres musulmanas en España y exigimos la adopción de políticas efectivas para garantizar su plena inclusión y protección. La islamofobia no solo afecta a la comunidad musulmana, sino que erosiona los valores democráticos y de igualdad sobre los que se sustenta nuestra sociedad. Frenar su avance es una responsabilidad de todos.
Fdo.: Ahmed Khalifa
Presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes
