El talento jurídico joven discute sobre el daño del bloqueo del CGPJ y las injerencias políticas a la independencia judicial

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Participarán los campeones de las dos últimas ediciones del mundial de oratoria en español

El talento jurídico joven discute sobre el daño del bloqueo del CGPJ y las injerencias políticas a la independencia judicial

Ledu de Iure reunirá a los mejores debatientes y expedientes académicos jurídicos universitarios

La final estará presidida por el fiscal Ignacio Stampa

Un selecto grupo de 30 jóvenes de universidades de todo el país, incluidos los dos últimos campeones mundiales de oratoria y estudiantes ganadores de competiciones de debate nacionales e internacionales, discutirán acerca de la calidad democrática del sistema judicial español debido, entre otras cuestiones, al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Estos talentos, con una firme vocación jurídica, pondrán en tela de juicio la independencia judicial y la amenaza que supone el actual estado del CGPJ, como acaba de denunciar su presidente en funciones, en el marco del foro de debate Ledu de Iure, del 26 al 28 de abril, en el Campus Almansa de CUNEF Universidad (Madrid). El jurado de la final estará presidido por el fiscal Ignacio Stampa, que recientemente publicó el libro ‘El Complot’ (Esfera de los Libros) y permanece vinculado a la Liga Española de Debate Universitario, como juez de los debates, desde 2002.

Seleccionados por sus méritos como oradores y sus excepcionales expedientes académicos, los participantes disputarán, además, la última plaza clasificatoria para la fase final de la Liga Española de Debate Universitario de Melilla. Magistrados, fiscales, profesores y profesionales del derecho valorarán sus argumentos en un formato cercano a la realidad de los tribunales. Ledu de Iure incorpora al formato cásico de debate académico (exposición inicial, refutaciones y conclusión) novedades como los turnos de interrogatorio, al igual que los juicios, y preguntas del propio jurado a los equipos.. Estos contarán con dos oradores titulares de máximo nivel en el circuito universitario. Los jurados ponderarán cuestiones de fondo rigurosos y forma cautivadora mediante la puntuación de estructura, argumentación, impacto o persuasión. El jurado contará también con un juez ponente que, tras consultar al resto de miembros del jurado, podrá realizar una pregunta a los portavoces de cada equipo. A partir de ese momento, el orador dispondrá de un minuto para responder a la cuestión planteada sobre su caso.

Durante la final de Ledu de Iure, el jurado elegirá al mejor orador jurídico y el equipo campeón recibirá un premio en metálico de 2.000 euros, un trofeo además de una de las anheladas plazas clasificatorias para la fase final de la Liga Española de Debate Universitario. A su vez, el grupo finalista obtendrá 1.000 euros y un trofeo.

Cinco años y cuatro meses se han cumplido desde que caducó el mandato de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, en funciones en el último lustro. Pese a la importancia en el orden constitucional del Consejo, o tal vez por eso, en los últimos años hemos sido testigos del bloqueo en la renovación de sus integrantes, ya que los partidos políticos mayoritarios están aparentemente dificultando la renovación del Consejo, por un motivo u otro, según el momento y las circunstancias. Esta situación ha provocado incluso la intermediación de la Comisión de la Unión Europea entre ambos bloques, sin resultado a fecha de hoy.

Hastiados de esta situación, o fruto de ella, los jóvenes juristas analizarán la coherencia y la adecuación del sistema actual de nombramientos de vocales del CGPJ para valorar si el actual sistema salvaguarda la separación de poderes, consagrada por Montesquieu, en su organización o en el desempeño de su cometido -con posibles derivadas como el nombramiento de jueces o régimen disciplinario- o si, por el contrario, deteriora la independencia judicial. Asimismo, los universitarios analizarán la última propuesta del presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, para limitar las “injerencias” políticas.

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