En el 60% de los casos no se tiene en cuenta la afectación en la vida diaria, es decir, aspectos como el esfuerzo para realizar actividades básicas o el grado de dolor
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA exige la aplicación inmediata del nuevo baremo de discapacidad, garantizando una valoración adecuada y equitativa para todas las personas y alineada con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad.
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA denuncia con motivo del 3 de mayo, día nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que más del 76% de las personas espera más de seis meses para obtener el grado de discapacidad según el informe preliminar "Irregularidades en la aplicación del baremo de discapacidad" elaborado por la COCEMFE nacional. Para el 94% de ellas, esta espera ha supuesto una vulneración de sus derechos.
Entre las principales irregularidades identificadas, a partir de una encuesta a más de 600 personas de todo el país, se destaca que en el 60% de los casos no se ha tomado en cuenta la afectación en la vida diaria de las personas, ignorando aspectos como el esfuerzo para realizar actividades básicas o el grado de dolor experimentado.
Además, el 55,5% de los encuestados reporta que durante el proceso de valoración no se ha tenido en cuenta todas las pruebas e informes aportados y el 63% señala que tampoco se han valorado las múltiples enfermedades o trastornos que tienen. Igualmente, desde que se está aplicando el nuevo baremo, se ha producido un incremento del 6% en el número de personas que no consiguen el grado mínimo para tener reconocida una discapacidad (33%).
"La realidad es que dos años después de la entrada en vigor del nuevo baremo de discapacidad, la situación actual sigue siendo preocupante. Las personas con discapacidad siguen enfrentando obstáculos significativos", destaca el presidente de COCEMFE nacional, Anxo Queiruga, subrayando que "sin una aplicación integral del nuevo baremo se está incumpliendo la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad".
"Existe una carencia significativa de recursos y formación para el personal encargado de la valoración, lo que provoca que las personas estén siendo mal valoradas y no puedan acceder a los recursos dirigidos a promover la igualdad de oportunidades", apunta Queiruga.
La falta de equidad y de cohesión territorial está haciendo que según donde vivan las personas, tengan derechos diferentes. Ante esta situación, FAMDIF exige la aplicación inmediata y de manera integral del nuevo baremo de discapacidad, garantizando una valoración adecuada y equitativa para todas las personas e insta a las diferentes administraciones a hacer un esfuerzo de cohesión y apuesten por la equidad, poniendo en marcha medidas de manera inminente para dotar de recursos humanos y técnicos a los centros de valoración, de manera que puedan atender con rigor y de manera correcta a las personas de todo el territorio nacional.
Obtener la valoración del grado de discapacidad es la puerta de acceso al sistema de derechos establecidos en nuestro país para una persona con discapacidad. Si no se tiene esta acreditación se queda fuera del sistema. La Convención establece el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los mismos derechos y beneficios que el resto de la población, sin discriminación por lo que "es acuciante invertir en recursos humanos y materiales para garantizar un despliegue efectivo del nuevo baremo. Sin presupuesto adecuado y recursos suficientes, se seguirán vulnerando los derechos de las personas con discapacidad", concluye el presidente de COCEMFE nacional.
Descargar informe preliminar "Irregularidades en la aplicación del baremo de discapacidad" en PDF
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una ONG sin ánimo de lucro constituida en 1980. Su propósito es conseguir una sociedad inclusiva que garantice el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. Coordina, representa e impulsa al Movimiento Asociativo de personas con discapacidad física y orgánica en España, formado por 92 entidades estatales, autonómicas y provinciales, que a su vez representan a más de dos millones y medio de personas con discapacidad y aglutinan a más de 1.600 asociaciones.
