La actuación de Arriaga Asociados ha terminado con el daño experimentado por los clientes, forzados a deshacerse de sus propiedades y solicitar un préstamo personal para liquidar el préstamo multidivisa

Arriaga Asociados ha conseguido un notable triunfo legal al asegurar la devolución de 411.660 euros a un matrimonio de comerciantes, víctimas de un préstamo multidivisa suscrito en 2008 con una antigua entidad bancaria, ahora parte de otra. La victoria se cimenta en la sentencia de noviembre de 2022 emitida por el Juzgado de Primera Instancia n.º 50 bis de Barcelona, que no fue objeto de apelación por parte de la entidad financiera.

El veredicto resaltó la falta de transparencia en el préstamo, anulando su clausulado multidivisa y ordenando a la entidad a calcular de nuevo el préstamo en euros, aplicando el Euribor más el diferencial inicial, y a restituir a los clientes el sobrecoste pagado.

Frente a los habituales argumentos de defensa de las entidades financieras, como la elección del préstamo multidivisa por parte de los clientes y la alegación de que estos no tenían la condición de consumidores por su implicación empresarial, el tribunal se mantuvo firme. El Tribunal Supremo (SSTS 158/2019, 188/2021, 217/2021, 29/2022) ha dicho reiteradamente que la iniciativa de los clientes no exime al banco de su obligación de informar sobre los riesgos asociados al producto.

La sentencia enfatiza en que la operación tuvo un destino de consumo, dado que se concertó para la adquisición de una vivienda y se refundieron varias hipotecas sobre otros inmuebles, justificando así la magnitud del préstamo y la considerable compensación otorgada.

La actuación de Arriaga Asociados ha terminado con el daño experimentado por los clientes, forzados a deshacerse de sus propiedades y solicitar un préstamo personal para liquidar el préstamo multidivisa. Este caso ilustra de nuevo las prácticas indebidas en el ámbito bancario, ahora corregidas gracias a la intervención judicial.

Arriaga Asociados sigue firmemente comprometido con la defensa de los derechos de los consumidores, reafirmando su dedicación a corregir injusticias y a asegurar compensaciones justas para aquellos afectados por prácticas bancarias desleales.