Las palabras ya no bastan, así lo han hecho saber los agricultores europeos. En las últimas semanas, las movilizaciones en contra de las políticas comunitarias se han replicado en distintos puntos de la UE. Alemania y Rumanía han sembrado la semilla y el descontento del campo comienza a extenderse a través de Polonia y Francia, mientras que en España crece la incertidumbre sobre una posible movilización de los agricultores. El calendario aún no está definido, pero la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ya ha lanzado una convocatoria para el próximo 21 de febrero en Madrid. De esta forma, España se sumará a los reclamos de los colegas europeos.
Mientras las palabras ya no bastan ante la inacción de las autoridades, los números explican el hartazgo del sector agrario. Incrementos en los precios de la gasolina y la luz, altos costes de producción, precios de ventas que no permiten recuperar los costes, son algunos de los factores que han contribuido al malestar entre los trabajadores.
Ayudas reales, piden desde el sector. Sobre todo ahora que se asoman en el calendario las próximas elecciones europeas. Una oportunidad que, esperan, sea aprovechada para volver a poner en la agenda las prioridades del sector que no se han visto reflejadas en las políticas recientes. Sobre todo, esperan que se replantee el Pacto Verde que incluye una serie de objetivos medioambientales como la reducción de las emisiones de carbono y otras medidas de sostenibilidad que requieren una inversión significativa.
Otro punto de la estrategia del Pacto Verde que genera especial preocupación es el de la reducción a la mitad el uso de plaguicidas y fertilizantes de cara al 2030. Un punto no menor y que genera especial descontento entre los agricultores europeos que denuncian la competencia desleal frente a las importaciones extranjeras y las normativas ecológicas a las que se enfrentan los productores de la UE.
Si algo faltaba a este explosivo combo era el resurgimiento en la agenda de una medida que en comparación con las ya mencionadas, parece insignificante, pero que representa una carga más para el sector.
Una de las iniciativas del Pacto es la Estrategia de la Granja a la Mesa, que contempla la adopción de un etiquetado nutricional en la parte frontal de los envases armonizado a lo largo de la UE. La decisión ha estado congelada durante años debido a la gran cantidad de críticas que surgieron con respecto al modelo Nutri-Score. Este sistema desarrollado en Francia, ha sido adoptado en Bélgica, Alemania, República Checa, Países Bajos y Luxemburgo.
En España, su potencial llegada fue mal recibida y el ministro de Agricultura, Luis Planas, dejó en claro que el “etiquetado nutricional Nutriscore no será la referencia de la alimentación” ya que “nada que dañe la dieta mediterránea y sus productos” será aprobado por el Gobierno. Además, su implantación fue bloqueada por una moción aprobada por la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado. En otros países como Italia y Rumanía, la adopción del NutriScore también fue bloqueada con el fin de proteger a los consumidores de un modelo que podía inducir confusión al penalizar productos locales tradicionales como el aceite de oliva español o los quesos franceses. Ahora Bélgica, busca aprovechar su Presidencia del Consejo de la UE, para volver a poner el tema en agenda.
Otro dolor de cabeza más para el sector agrario europeo que reclama más apoyo financiero y técnico para poder hacer frente a las nuevas normativas que contempla el Pacto Verde y que, consideran, elevarían aún más sus costes al obligarlos a modificar sus prácticas y hacer frente a nuevas reglas y más burocracia.
En España, a esto se suma también la subida del SMI que según ha explicado Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, supone un nuevo golpe para los empresarios agrarios.
“En los últimos cinco años, los costes salariales en el sector agrario han generado un impacto dramático en las cuentas de las explotaciones agrarias”, explica con preocupación Barato. Además, en sus declaraciones vuelve a quedar en evidencia uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sector: la falta de profesionales. Según el presidente de Asaja, en 2022 el incremento de los costes salariales, junto a otros efectos de la reforma laboral hicieron caer el empleo en el campo en 86.900 trabajadores. Más preocupante aún, tan solo en el tercer trimestre de 2023, el número de ocupados en agricultura y ganadería bajó en 34.000 personas con respecto al año anterior.
Datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) también dan cuenta de esta preocupante tendencia. Según la organización agraria, el campo español necesita integrar alrededor de 20.000 nuevos agricultores al año para reemplazar a los autónomos que se dan de baja. Además, sus estimaciones indican que en la próxima década seis de cada diez agricultores estarán en edad de jubilación lo que representa una pérdida de 202.000 autónomos en el sector.
Así como el campo se harta, el campo también envejece y no en el sentido metafórico. La falta de relevo generacional es una de las mayores amenazas a las que se enfrenta el sector. El último censo agrario realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, reveló que el 4% de los autónomos del campo tiene menos de 34 años. Lo que para expertos significa una barrera al crecimiento de la actividad.
Muchos apuntan a que la parte de la solución se encuentra en la profesionalización del sector. Atraer nuevos talentos, tecnologías, generaciones jóvenes con mentalidad emprendedora que aporten una nueva y revolucionaria mirada a los desafíos que se enfrenta el sector. Sin embargo, la falta de políticas e incentivos, acompañada de bajos rendimientos económicos, es un combo poco alentador. Si a esto se le suma el escenario de protestas en el que se ha convertido Europa, el panorama es aún menos favorable para la atracción de nuevos talentos.
El mundo rural de la UE está lanzando un grito de desesperación y es hora de que sea escuchado.
