El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, considera a la PMcM como un "agente importante" en la lucha contra la morosidad y su seguimiento, y confiesa ser "pleno conocedor" de la trascendencia que tendrá el funcionamiento del Observatorio de la Morosidad para obtener un control de los pagos.

La PMcM exige agilizar la aplicación del reglamento de la facturación electrónica (previsto en la Ley Crea y Crece) para poder disponer de la lista de grandes morosos "al menos el año que viene", y que incluya determinadas mejoras para poder conocer el verdadero impacto de la lacra de la morosidad.

El presidente de la PMcM espera que la futura normativa europea contra la morosidad se vea apoyada por el nuevo Gobierno que comienza su legislatura, al que le pide "responsabilidad" para que vele por su íntegro cumplimiento.

Cañete ha recordado que la PMcM está a la espera de recibir la invitación para ser nombrada, dentro del Consejo Estatal de la PYME, como uno de los representantes de asociaciones especializadas en el ámbito de la morosidad.

El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, se ha reunido hoy con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y, tras su encuentro, ha aplaudido que se haya desbloqueado al menos una de dos de las mejoras sustanciales que la Ley Crea y Crece trajo consigo en la lucha contra la morosidad y que han "estado paradas inexplicablemente". Se trata del Observatorio de la Morosidad, que analizará exhaustivamente la realidad de esta lacra y publicará la lista de grandes morosos.

La PMcM se congratula de tener un papel activo en el Observatorio de la Morosidad, tal y como se reconoce en el nuevo Proyecto del Real Decreto del 23 de diciembre de 2023. Por su parte, el ministro le ha confirmado a Cañete su compromiso para continuar trabajando para solucionar el problema de la morosidad y celebra la puesta en marcha del Observatorio de la Morosidad. En este sentido, Hereu ha manifestado que considera a la PMcM como un "agente importante" en la lucha contra la morosidad y su seguimiento, y confiesa ser "pleno conocedor" de la trascendencia que tendrá el funcionamiento del Observatorio de la Morosidad para obtener un control de los pagos.

Por su parte, la PMcM solicita la implicación del Gobierno para garantizar la independencia de esta institución para dar transparencia y rigor. Para Cañete, "quien lo lidere debe ser absolutamente objetivo y conocer bien esta problemática, que afecta principalmente a pymes y autónomos ante la posición dominante de las grandes empresas y compañías de mayor dimensión, principalmente".

Asimismo, Cañete ha exigido que se agilice la aplicación del reglamento de la facturación electrónica (previsto en la Ley Crea y Crece) para poder disponer de la lista de grandes morosos "al menos el año que viene". El sistema de facturación electrónica es una "buena herramienta para conocer los plazos de pago del sector público, y facilitaría al futuro Observatorio de la Morosidad realizar sus funciones de control y análisis y, por ende, a erradicar la lacra de la morosidad".

No obstante, Cañete señala que para que este sistema sea realmente valioso, deberían realizarse unas mejoras: que sea obligatorio completar los campos de las fechas reales de inicio (realización del servicio o entrega del bien) y fin (cobro de la factura). Con ello, "podríamos obtener una radiografía real de lo que está sucediendo en nuestra economía y conocer el verdadero impacto de la lacra de la morosidad".

Ante los datos de morosidad, imprescindible la sanción que llegará de la UE

España es uno de los países de la UE con plazos de pago más largos. Según ha constatado la PMcM en numerosas ocasiones, las empresas de mayor tamaño son las peores pagadoras. De acuerdo al análisis del informe "Central de Balances. Resultados del primer semestre de los Grupos Financieros no Cotizados (CBV)", elaborado por el Banco de España sobre los balances de las empresas cotizadas a partir de los datos no auditados publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y referidos al primer semestre de 2022, las compañías del sector no financiero del IBEX 35 y el resto del mercado continuo liquidaron sus facturas en un periodo medio de 120 días, duplicando el plazo legal permitido (60 días).

El informe también pone de manifiesto que las empresas cotizadas cobran prácticamente en plazo, a una media de 61 días, pero que esta agilidad no se traduce en sus pagos, con unos tiempos de liquidaciones de sus facturas que "perjudican gravemente a sus proveedores, en su mayoría pymes y autónomos".

Para Cañete, las sanciones son "imprescindibles" para reducir los plazos de pago. Tal y como ha venido reivindicando la PMcM desde su creación, "un régimen sancionador es el único camino para acabar definitivamente con la morosidad". Del mismo modo lo estimó la Unión Europea, elaborando un nuevo reglamento que prevé sancionar a las empresas y Administraciones Públicas morosas, además de fijar un plazo de pago máximo de 30 días, en vez de 60 días como estaba establecido hasta ahora.

En la futura normativa, que será de obligado cumplimiento para todos los países miembros de la Unión Europea, ha contribuido significativamente la PMcM. En este sentido Cañete ha incidido en que espera que la normativa europea se vea apoyada por el nuevo Gobierno que comienza su legislatura, al que le pide "responsabilidad" para que vele por su íntegro cumplimiento.

Regresando a la Ley Crea y Crece, Antoni Cañete ha recordado que la PMcM está a la espera de recibir la invitación para ser nombrada, dentro del Consejo Estatal de la PYME, como uno de los representantes de asociaciones especializadas en el ámbito de la morosidad.