Este software de gestión de Lefebvre está adaptado y dirigido en exclusiva a las Administraciones públicas para el diseño de su Plan Antifraude y el control de riesgo de los proyectos que se desarrollen en ejecución del PRTR. Dispone de potentes funcionalidades como su gestor documental y la generación de procesos, tareas y alertas para realizar un adecuado seguimiento de los Proyectos
A raíz de la publicación de la orden HFP/1030/2021, todas las Administraciones públicas y entidades locales interesadas en tener acceso a los fondos Next Generation, tuvieron que adaptar procedimientos de gestión y el modelo de control, así como configurar y desarrollar un Sistema de Gestión que facilitara la tramitación eficaz de las solicitudes de desembolso a los Servicios de la Comisión Europea, conforme a los estándares requeridos, tanto desde el punto de vista formal como operativo.
El problema que se encuentran las entidades públicas ahora es doble: por un lado, un gran desconocimiento sobre la aplicación de un sistema de cumplimiento y análisis de riesgos, y por otro, la necesidad de tener un plan de medidas antifraude. Ambos requisitos eran necesarios para optar a los fondos europeos y de no cumplirse puede suponer la devolución de las ayudas. Por tanto, hay entidades que solicitaron los fondos, estos fueron asignados y ahora tienen el riesgo de verse obligadas a su devolución si no son capaces de justificar la gestión de esos fondos conforme a los estándares exigidos y si no cuentan con un plan de medidas antifraude actualizado.
Consciente de ello, Lefebvre, proveedor de software y contenido jurídico líder en España, lanzó Centinela Plan de Integridad, una innovadora solución online de gestión adaptada y dirigida en exclusiva a la Administración y empresas públicas que les permite la elaboración e implementación de un Plan Antifraude y el control de riesgos de los proyectos que se desarrollen en ejecución del PRTR, permitiendo dar cumplimiento con la normativa aplicable para la solicitud, gestión y ejecución de los fondos Next Generation, así como de otro tipo de subvenciones y ayudas públicas.
El objetivo de esta iniciativa es guiar al usuario en la creación del expediente administrativo de elaboración del plan de medidas antifraude, permitiendo su revisión y actualización periódica y, por tanto, poder solicitar y dar cumplimiento a los fondos con el fin de poner en marcha los proyectos financiados. Además, también se incluyó en Centinela, un módulo para la gestión de proyectos tal y como exige la normativa, y el establecimiento de un canal de denuncias.
Víctor Martínez, responsable de software de Lefebvre, explica que "con Centinela Plan de Integridad Pública ayudamos a cada una de las entidades a poner en machar el sistema para poder recibir las ayudas de los fondos Next Generation cumpliendo con todos los requisitos exigidos".
Además de ayudar en el cumplimiento de la normativa aplicable, Centinela Plan de Integridad tiene funcionalidades que hacen única a esta herramienta como gestor documental y generador de procesos para el cumplimiento y la supervisión de cualquier sistema:
Gestión de Expediente administrativo y generación y revisión periódica del Plan de Medidas Antifraude.
Identificación y evaluación de riesgos de cada proyecto.
Generación automática de informes: plan de medidas antifraude y matrices de riesgo.
Gestión documental. Incluye gestión de tareas, alertas y de confidencialidad.
Generación de evidencias: trazabilidad de todas las interactuaciones realizadas en la aplicación.
Generación de plantilla y formularios necesarios para definir el Plan Antifraude, así como para documentar los proyectos.
Firma electrónica avanzada de documentos.
Referencias a la normativa aplicable.
Implantación y gestión de un canal de denuncias.
Plataforma adaptada a la ISO 27001 (seguridad de la información) y 9001 (gestión de calidad de procesos).
Asimismo, Lefebvre ofrece el ebook de descarga gratuita Planes de Integridad, canales de denuncias y otras medidas antifraude donde se puede encontrar información relacionada con canales de denuncias en entidades locales o las exigencias legales sobre integridad.
