Reforma de la contratación pública de la UE en 2014: oportunidad perdida sin efecto demostrado en la competencia.

Las empresas manifiestan que pierden interés en los contratos públicos por la excesiva burocracia.

En el conjunto de la UE, la competencia en los contratos públicos adjudicados por las autoridades nacionales, regionales y locales se ha ido desvaneciendo en el transcurso de la última década, según afirma el Tribunal de Cuentas Europeo en su último informe. Entre 2011 y 2021, cada vez eran menos las empresas que competían por suministrar obras, bienes y servicios, mientras las autoridades a menudo recurrían directamente a determinada empresas. La reforma de 2014 no consiguió incrementar el atractivo de los procedimientos de contratación pública, cuando esto habría aumentado la competencia y ayudado a los Estados miembros a sacar el mejor partido posible al dinero de los contribuyentes. De hecho, los procedimientos se hicieron aún más largos y, a día de hoy, la transparencia sigue siendo problemática.

La contratación pública es crucial para el mercado único de la UE, ya que impulsa el crecimiento económico, crea empleo y ayuda a los organismos públicos a obtener las mejores ofertas de manera abierta y competitiva. En 2014, la UE reformó sus Directivas sobre contratación pública para lograr que los procedimientos fueran más simples, transparentes e innovadores, y resultaran más fáciles para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

«En los últimos diez años, la UE y sus Estados miembros no han incrementado la competencia en los contratos públicos; por eso, desafortunadamente, puede decirse que esta ha sido una década perdida», afirma Helga Berger, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría. «La Comisión debería presentar un plan de acción para superar las barreras clave que se oponen a la competencia y lograr que los contratos públicos resulten más atractivos para las empresas».

En la mayoría de los Estados miembros, las tendencias de los principales indicadores de competitividad (contratación con una única oferta, adjudicaciones directas y número de licitadores) siguieron sin ser satisfactorias, y no se produjo una mejora general en la competencia. En 2021, la contratación con una única oferta alcanzó su máximo, ya que el 42 % de los contratos se adjudicaron a empresas que habían sido las únicas en presentar una oferta. Además, desde 2011, la contratación con una única oferta se había multiplicado por dos en la UE, mientras que el número de empresas que presentaron ofertas se redujo prácticamente a la mitad, pasando de aproximadamente seis por procedimiento a tres. Asimismo, al contratar, con frecuencia, las autoridades, sin haber realizado una convocatoria de licitación, pedían directamente a una o más empresas que presentaran una oferta. Pese a que estas adjudicaciones directas se permiten en circunstancias muy específicas porque reprimen la competencia y deberían ser excepcionales, ahora son más frecuentes en casi todos los Estados miembros, y representaron alrededor del 16 % de los procedimientos de contratación notificados en 2021.

Si bien la Comisión lanzó una nueva estrategia en 2017, ni ella ni los Estados miembros se esforzaron por determinar y combatir las causas profundas de la caída de la competencia, entre las cuales, según los auditores, destacan la carga administrativa, los criterios restrictivos en exceso y las especificaciones a medida, además de la concentración del mercado. Tanto la Comisión como los Estados miembros prestaron mayor atención al cumplimiento de las normas que al rendimiento; además, falta concienciación sobre el hecho de que la competencia es un requisito indispensable para la rentabilidad de la contratación pública.

La reforma de 2014 no resultó eficaz para reducir la burocracia; antes bien, la duración de los procedimientos aumentó en un 50 % en estos diez años, y tanto los licitadores como las autoridades los consideraban engorrosos frente a los del sector privado, que eran más flexibles. Tampoco aumentó la proporción de los contratos adjudicados a pymes, y los licitadores que presentaban las ofertas más económicas seguían obteniendo la mayoría de los contratos, lo que significa que los aspectos más estratégicos (medioambientales, sociales e innovadores) raramente se tienen en cuenta. Los auditores también manifiestan su preocupación no solo por la transparencia de los procedimientos, que constituye una salvaguardia clave contra el riesgo de fraude y de corrupción, sino también por el reducido volumen de contratación pública transfronteriza. En especial, instan a la Comisión a aclarar los objetivos de la contratación pública y a presentar medidas para superar los obstáculos clave a la competencia.