Continúa sin respuesta la huelga en la Administración de Justicia, que ya deja en Murcia un atasco sociocivil de más de 8.000 asuntos

Los funcionarios de Justicia de la Región, acogidos a la huelga que mantiene SPJ-USO, continúan con los paros ante la falta de respuesta del Ministerio y su negativa a negociar

Los funcionarios de Justicia mantienen su huelga, que continúa sin respuesta por parte del Ministerio que ostenta Pilar Llop, en lo que ha supuesto desde el primer minuto de movilizaciones un agravio comparativo y de discriminación con respecto al resto de colectivos de trabajadores que han estado en huelga en el sector (jueces, fiscales y letrados judiciales).

En Murcia, a pesar de la desconvocatoria del resto de sindicatos, los funcionarios mantienen su nivel de seguimiento de la huelga amparados por la huelga que SPJ-USO se niega a desconvocar: “desde que comenzó la huelga de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia, en abril, las demandas de los trabajadores han sido obviadas por completo por el Ministerio. Esta no es una huelga oportunista. En ese momento no había convocadas elecciones generales y no nos pueden acusar de entrar en campaña electoral. Al contrario, desconvocar una huelga con cero avances y un desprecio manifiesto por nuestro colectivo por parte del Ministerio de Justicia nos parece que el desprecio al esfuerzo de los trabajadores es compartido por los sindicatos que los han dejado a su suerte”, arremete Adriano Moreno, miembro del comité de huelga de SPJ-USO.

En estos días, Moreno se ha reunido con los funcionarios de Justicia de la Región de Murcia: “para escuchar de primera mano las deficiencias que observan en sus juzgados. Su situación es calamitosa, aunque no es una excepción. Es la realidad de cientos de juzgados en España y lo que nos ha traído hasta esta larga huelga. Felicito a los funcionarios murcianos, que han decidido que estos más dos meses de lucha sindical no caigan en saco roto y continúan firmes en la huelga”.

En la Región de Murcia, según le han trasladado al dirigente del Sindicato Profesional de Justicia de USO, hay pendientes de registro e incoación cerca de 7.000 demandas civiles y alrededor de 1.300 del orden social.

“Seguimos reclamando una negociación seria por parte de Llop. Que les dé a las reivindicaciones del colectivo la misma prioridad que le dio al suyo, al de los magistrados. Continúe o no en el Gobierno, su deber es resolver los problemas de su mandato y no dejar herencias envenenadas, sea su sucesor del signo político que sea”, considera Adriano Moreno. “Seguimos dispuestos a escuchar, a negociar y a firmar una propuesta coherente, que nunca hemos recibido”, concluye.