La PMcM propone a los partidos políticos medidas vitales y urgentes contra la morosidad para evitar el cierre de empresas, y espera que se posicionen claramente si están en contra de la lacra de la morosidad.

"Si no aseguramos que la nueva directiva de morosidad penaliza a las posiciones dominantes de las grandes empresas con un régimen sancionador, seguirán cerrando pymes".

Se debería garantizar la independencia del futuro Observatorio de la Morosidad, que la factura electrónica no suponga un aumento de costes empresariales, y que los morosos no puedan acceder a subvenciones públicas.

Con motivo de las elecciones generales del 23J, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha trasladado a los partidos políticos una batería de propuestas vitales y urgentes contra la morosidad para evitar el cierre de empresas durante la próxima legislatura, y espera que se posicionen claramente si están en contra de la lacra de la morosidad.

La convocatoria electoral ha truncado el avance en la tramitación de un régimen sancionador cuyo fin era reducir la morosidad en operaciones comerciales. Se trata de la segunda vez que decae, en esta ocasión habiendo acumulado más de 90 prórrogas a pesar de que su toma en consideración fue aprobada por unanimidad en 2020. "No sé entiende cómo no habiéndose manifestado nadie en contra no haya salido adelante; esto nos hace pensar que nuevamente se imponen los intereses de unos pocos", denuncia el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

A esto se suma la actual subida de tipos de interés que ya está dificultando la financiación de nuestras pymes y autónomos incrementando su vulnerabilidad. Por todo ello, la PMcM ve necesario que los grupos políticos incluyan en sus programas electorales un régimen sancionador que multe a las empresas morosas.

En opinión de Cañete, "instaurar esta medida que regule las sanciones es vital para incrementar la competitividad y viabilidad de nuestras pymes y autónomos, incluso de su supervivencia, más si cabe en estos momentos en los que nos consta que hay presiones de los lobbies para que vuelva a instaurarse el pacto de las partes, lo que permitiría alargar los plazos de pago siempre a conveniencia del más fuerte y conllevaría el cierre de miles de pymes y el aumento del paro".

La PMcM también ha trasladado esta petición del régimen sancionador a la Unión Europea para que lo incluya en la nueva directiva europea que están terminando de perfilar. Así lo ha reclamado Cañete durante la jornada celebrada en el Comité Económico y Social Europeo (Bruselas), y que organizó junto a PIMEC y la patronal italiana Confartigianato. "Si no aseguramos que la nueva directiva de morosidad penaliza a las posiciones dominantes de las grandes empresas con un régimen sancionador, seguirán cerrando pymes", alertó.

España es uno de los países de la UE con plazos de pago más largos. Cañete insiste en que "debemos disponer ya de una ley en nuestro país que realmente solucione este problema y para ello es imprescindible la implicación de los partidos políticos, que además deberían garantizar la independencia del futuro Observatorio de la Morosidad (que ya tendría que haberse constituido), que la factura electrónica no suponga un aumento de costes empresariales, y que los morosos no puedan acceder a subvenciones públicas".