Fundación Franz Weber quiere que el Alto Comisionado investigue la legalidad de esta actividad que afecta a personas con diversidad funcional 

La ONG ya registró una denuncia ante la Dirección General de Derechos de personas con discapacidad 

Urgen a las administraciones públicas a rechazar esta actividad denigrante 

La Fundación Franz Weber prosigue con la campaña de presión legal e institucional para paralizar el acto taurino de personas con acondroplasia que se ha anunciado para el próximo mes de septiembre en Murcia, y donde el gobierno local todavía no ha mostrado su oposición al mismo. 

Los naturalistas han confirmado esta mañana el registro de una queja ante el Defensor del Pueblo con la intención de garantizar la no discriminación, vejación ni humillación de las personas con diversidad funcional. En su escrito recuerdan que estas convocatorias están prohibidas en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

Recuerdan como varias entidades vinculadas a esta materia, como CERMI, la Fundación Dfa o la Asociación ADEE se han manifestado contrarias a convocatorias similares en Teruel y Cortes de la Frontera, anunciando peticiones para solicitar la suspensión de la actividad taurina, entendiendo que sí se produce una mofa o burla. 

Ahora el Defensor deberá decidir si admite a trámite la queja y si requiere a las administraciones implicadas un posicionamiento al respecto del acto taurino de personas con acondroplasia, evento calificado como bochornoso y medieval por los naturalistas. 

Es la tercera iniciativa de FFW. La pasada semana registraron una denuncia ante la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, además de sendos escritos ante el Ministerio de Derechos Sociales y quejas ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo Andaluz. 

Rubén Pérez, coordinador de campañas, ha advertido: 

"Hablamos de Derechos Humanos y del respeto a la dignidad de todas las personas. Estos eventos menoscaban la integridad moral de un grupo poblacional por su mera existencia y condición física, y por tanto consideramos que el Gobierno de la Región de Murcia tiene que rechazar el permiso, mientras que el Ayuntamiento debería desvincularse de inmediato por el perjuicio que están causando a la ciudadanía."