Una de las mejoras que debería realizarse en la facturación electrónica sería hacer obligatorios los campos que dan la información necesaria para calcular los plazos reales de pago, que son la fecha de realización del servicio o entrega del bien, y la fecha de cobro de la factura.

Esta información podría explotarla el futuro Observatorio de la Morosidad, cuya puesta en marcha se hace imprescindible ahora que la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones generales ha acabado con la posibilidad de contar con un régimen sancionador, al impedir su tramitación y aprobación definitiva.

Según el análisis que la PMcM ha realizado del estudio de PIMEC sobre facturación electrónica, hay un "conjunto grande de facturas cuyo estado está sin precisar, imposibilitando saber si están pagadas o no, porque no se está consiguiendo que se informe de cuando se realiza el pago".

Del mismo estudio se desprende que las Administraciones Públicas pagaron en plazo a sus proveedores solo el 35'18% del montante que les adeudaban; y que el 45,83% de las facturas tratadas se declararon pagadas fuera del plazo legal de 30 días, y su importe representaba el 52,76% del total.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha alertado de que el reglamento de la facturación electrónica "continúa atascado, ahora en manos del Consejo de Estado, sin vistas a ser agilizado a corto plazo, por lo que ese punto no se puede implantar en la Ley Crea y Crece, y ya debería por plazo".

Además, según el presidente de la entidad, Antoni Cañete, "prácticamente cuando se implante este reglamento habrá que readaptar por completo el sistema de facturación electrónica al modelo europeo, proyecto ViDA (VAT in Digital Age), con impacto humano y de coste para las pymes y autónomos y también para los prestadores de servicios informáticos y de facturación (especialmente los más pequeños, que tienen menos capacidad de realizar desarrollos rápidos)".

El sistema de facturación electrónica supone para la PMcM una "buena herramienta" para conocer los plazos de pago del sector público, lo que, en su opinión, "facilitaría al futuro Observatorio de la Morosidad (previsto en la Ley Crea y Crece) realizar sus funciones de control y análisis y, por ende, a erradicar la lacra de la morosidad". No obstante, Cañete señala que para que este sistema sea realmente valioso, deberían realizarse unas mejoras.

En primer lugar, "tendría que ser obligatorio registrar la fecha de prestación del servicio o entrega del bien, porque precisamente esta es la fecha que tanto la Directiva Europea como la Ley de Morosidad de nuestro país indican para empezar a computar el plazo de pago. Este cambio normativo debería aplicarse sin reparo para ajustarnos a ley". Cañete explica que en los sistemas de facturación actuales no es obligatorio este campo y, "además, se da la circunstancia de que se pueden incluir otras tres fechas de registro distintas, en un sinsentido", lamenta el presidente de la PMcM.

"Si a través de la facturación electrónica pudiéramos disponer del dato de la fecha de prestación del servicio o entrega del bien, entonces podríamos calcular el periodo de pago real, porque es un hecho constatado que desde esa fecha hasta el cobro de la factura pueden pasar días, semanas e incluso meses", añade.

En este sentido, la PMcM cree que quizás pueda haber más instituciones que realicen el cómputo del periodo de pago sin tener en cuenta la fecha de prestación del servicio o entrega del bien. La entidad intuye que quizás una podría ser el Ministerio de Hacienda, y de ser así, ese hecho justificaría por qué suele haber un desfase entre los datos de plazos de pago a proveedores que publican el Ministerio y los que la PMcM registra en sus informes anuales.

Otra de las mejoras que la PMcM ve necesario incorporar en la facturación electrónica es que en las licitaciones públicas los contratistas facilitaran a sus subcontratados la documentación para que estos pudieran informar del estado, para que así la comisión de control de la morosidad pueda disponer de toda la trazabilidad a nivel de contrato y escalar a nivel de licitación.

En tercer lugar, otra mejora consistiría en que se consiga que todas las facturas tratadas confirmen a los Puntos Generales de entrada de facturas la fecha de pago, para saber cuántas están pagadas y cuántas no. En la actualidad, hay un "conjunto grande de facturas cuyo estado está sin precisar". Así lo ha constatado la PMcM tras realizar un análisis del informe elaborado por PIMEC sobre el comportamiento de las facturas al sector público tramitadas en los diferentes puntos generales de entrada a través del servicio Pimefactura durante 2022, monitorizando más de 215.000 facturas.

Según el estudio, un 12,33% de las facturas tratadas no confirmaron a los Puntos Generales de entrada de facturas su fecha de pago, si es que este se llegó a producir, representando el 12,05% del importe de las facturas analizadas.

Del mismo informe se desprende que las Administraciones Públicas solo pagaron en plazo durante 2022 el 35'18% del montante que adeudaban a sus proveedores; y el 45,83% de las facturas tratadas se declararon pagadas fuera del plazo legal de 30 días, y su importe representaba el 52,76% del total.

Para el presidente de la PMcM, con estas mejoras en los sistemas de facturación electrónica, sobre todo contar con las fechas reales de inicio (realización del servicio o entrega del bien) y fin (cobro de la factura), podríamos obtener una "radiografía real de lo que está sucediendo en nuestra economía y conocer el verdadero impacto de la lacra de la morosidad, que afecta especialmente a pymes y autónomos en el complejo contexto actual". Esta información podría explotarla el futuro Observatorio de la Morosidad, cuya puesta en marcha se hace imprescindible ahora que la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones generales ha acabado con la posibilidad de contar con un régimen sancionador, al impedir su tramitación y aprobación definitiva.