Más de 750 ayuntamientos de toda España y 5.000 grandes empresas ante el reto de implantar un canal de denuncias antes del 13 de junio
La nueva Ley de Protección al Informante exige implantar un canal de denuncias antes del 13 de junio de 2023 a las compañías de más de 249 trabajadores y a los municipios de más de 10.000 habitantes
Adicionalmente, 20.000 empresas de entre 50 y 249 empleados y 7.400 municipios de menos de 10.000 habitantes tienen de plazo para ello hasta el 1 de diciembre de 2023
Grupo Logalty ha desarrollado una tecnología propia para gestionar denuncias dentro de las organizaciones, que garantiza el anonimato, la confidencialidad y la seguridad jurídica en el proceso
La nueva Ley de Protección al Informante, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero y en vigor desde el 13 de marzo, recoge que todas las empresas de más de 50 empleados, entidades públicas, organizaciones políticas y sindicales con fondos públicos van a tener que contar con un sistema interno de información o canal de denuncias en el seno de sus entidades.
Las grandes empresas, con más de 249 empleados, tienen como fecha límite el 13 de junio de 2023 para implantarlo. En esta situación se encuentran casi 5.000 empresas en España, según el Directorio Central de Empresas, con datos a 1 de enero de 2022. En paralelo, casi 20.000 pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que tiene una plantilla de entre 50 y 249 empleados, tienen de plazo para ello hasta el 1 de diciembre de 2023.
El canal de denuncias en el tejido empresarial de España
Distribución de empresas según tamaño y comunidad autónoma que deben implantar un canal de denuncias en 2022 en base a la nueva Ley de Protección al Informante. Aquellas con más de 249 empleados deben hacerlo antes del 13 de junio y las que cuentan con entre 50 y 249 empleados antes del 1 de diciembre. Clic aquí para ver datos por provincias.
A nivel público, los ayuntamientos de los 762 municipios españoles que tienen más de 10.000 habitantes deben implantar su propio canal de denuncias antes del 13 de junio. A su vez, los más de 7.350 ayuntamientos con una población menor de 10.000 habitantes tienen de plazo para ello hasta el 1 de diciembre de 2023.
El canal de denuncias en la administración local de España
Distribución de ayuntamientos según tamaño del municipio y comunidad autónoma que deben implantar un canal de denuncias en 2022 en base a la nueva Ley de Protección al Informante. Los consistorios en municipios de más de 10.000 habitantes deben hacerlo antes del 13 de junio y los de menos de 10.000 habitantes antes del 1 de diciembre. Clic aquí para ver datos por provincias.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2022.
Conscientes de la necesidad que tienen este tipo de compañías y entidades, Grupo Logalty ha desarrollado una tecnología propia que permite a cada empresa y a cada ayuntamiento implementar su propio canal de denuncias. El grupo, especializado en ofrecer tecnologías de comunicación, contratación, certificación y compliance para pequeñas y medianas empresas, ha creado RegTech Canal de Denuncias —a través de su marca RegTech—, una tecnología en la nube que garantiza la protección del informante, impulsando así su área de negocio especializado en ofrecer tecnologías de compliance.
Concretamente, esta tecnología identifica riesgos en el entorno profesional y permite realizar un seguimiento de las denuncias para conocer su estado en tiempo real. Además, reduce costes económicos, penales y reputacionales, y reporta un significativo ahorro de tiempo gracias a la digitalización del proceso.
Esta nueva tecnología contempla la denuncia de cualquier conducta que implique la comisión de un delito o la comisión de una infracción administrativa grave o muy grave, afectando a todo tipo de sectores. En concreto, incluye una extensa lista de conductas denunciables como el fraude interno y externo, la discriminación, el acoso laboral y sexual, actos de corrupción y soborno, el blanqueo de capitales, delitos e infracciones contra la seguridad social y hacienda pública; y el incumplimiento de normativas ligadas al impuesto de sociedades, a la seguridad y salud en el trabajo o a la protección de la privacidad, entre otras.
María Dolores Pescador, presidenta ejecutiva de Grupo Logalty, afirma que "la tecnología es un aliado imprescindible para cumplir con los dos principales requisitos de la nueva ley: el anonimato del denunciante y la supresión de datos en el tiempo establecido. Nuestro canal de denuncias permite a las personas informar sobre sospechas de mala conducta de forma confidencial, con la seguridad jurídica y tecnológica que avala la larga trayectoria de Grupo Logalty en el cumplimiento del compliance".
El canal de denuncias se suma al catálogo de servicios de GRC (Gobierno, Riesgos y Cumplimiento) que ofrece Grupo Logalty, con el objetivo de democratizar el compliance, entre los cuales se encuentran también planes de prevención penal.
