La falta de viabilidad económica de la ganadería extensiva radica en el Congreso de los Diputados, y en los Parlamentarios Autonómicos, al legislar en contra de su protección y desarrollo.
La Fundación Savia viene denunciando de forma constante y machacona su preocupación por la crítica situación económica que atraviesan los ganaderos de extensivo desde hace décadas, lo que ha provocado que en los últimos 30 años haya desaparecido el 70% de las explotaciones extensivas familiares y, sobre todo, se haya abandonado el 75% de los pastos existentes en España, la mayoría de los cuales han ardido ya, causando numerosas pérdidas humanas, materiales y emocionales, difícilmente cuantificables.
Resulta muy llamativo y desconcertante que tanto a nivel de las Instituciones Nacionales y Autonómicas como por parte de nuestros representantes agrarios oficiales (políticos y profesionales del sector) se esté siempre hablando maravillas de nuestra ganadería extensiva, por la extraordinaria calidad de los alimentos que nos proporcionan (por ejemplo, Jamón Ibérico 100% de Bellota) y por los innumerables servicios sociales (Bienes Públicos) que prestan a la población (paisaje, biodiversidad, equilibrio ecológico y sanitario, bienestar animal, vertebración del territorio, amortiguación del cambio climático, lucha contra el fuego y la despoblación, etc.) y que sin embargo se esté permanentemente tomando decisiones políticas y legislativas que van en contra de su protección y favorecen su desaparición en una lenta agonía.
Hace unos días, lanzábamos una pregunta tanto al Sr. Ministro de Agricultura como a nuestra Consejera de Agricultura, a la que no hemos recibido contestación.
¿Quién paga a los ganaderos de extensivo los servicios públicos climáticos y medioambientales tremendamente positivos que prestan a la sociedad?
Cualquiera podría pensar que como se trata de Servicios y Bienes Públicos que estos ganaderos prestan gratuitamente a los ciudadanos, deberían ser compensados económicamente vía presupuestos nacionales y europeos (PAC), aprobados por el Congreso de los Diputados y distribuidos por los Parlamentos Autonómicos. Pues bien, veamos por lo contrario, el daño que nuestros parlamentarios han hecho a la ganadería extensiva solamente durante los dos últimos meses transcurridos de este año 2023.
El día 2 de enero de 2023 entró en vigor en España aprobada por el Parlamento Nacional la Ley 30/2022 que regula el sistema de gestión de la nueva Política Agraria Común (PAC), así como el Real Decreto 1045/2022 sobre Derechos de Ayuda Básica a la Renta para la sostenibilidad, que junto con varios Reales Decretos más, deberían haber servido para repartir justamente las Ayudas Básicas para la sostenibilidad, de la PAC que llegan desde Bruselas para evitar el cierre de las explotaciones ganaderas extensivas que estén en peligro de desaparición. Pues bien, el resultado ha sido el siguiente: DEJAN FUERA DE ESTAS AYUDAS (sin una explicación razonada) el 74% de todos los Pastos que hay en España (que es lo mismo que dejar a casi toda la ganadería extensiva), y para acabar de rematar este sin sentido, al 26% de los Pastos restantes (que son los únicos que poseen esos Derechos de Ayuda Básica para la sostenibilidad, se les adjudica un pago medio por hectárea admisible (65 euros aproximadamente) que es casi 3 veces menor al que reciben de pago medio el conjunto de los agricultores por esta misma Ayuda (175 euros/ha).
Esta injusticia, tanto económica como social (traspaso de dinero de los Pastos hacia los cultivos), provoca que los ganaderos de extensivo españoles estén viviendo en la ruina y reciban unos 500 millones de euros menos todos los años de los que les correspondería si el reparto se hiciera justamente de acuerdo con lo estipulado por Bruselas, y en consonancia con lo que perciben el conjunto de los ganaderos de extensivo de todos los demás países miembros de la Unión Europea.
También, el 28 de diciembre de 2022 entró en vigor el Real Decreto-Ley 20/2022 con medidas económicas, como respuesta a la Guerra de Ucrania y sus consecuencias creando situaciones de vulnerabilidad.
En base a este Real Decreto-Ley, se han concedido de forma generalizada 300 millones de euros a repartir entre 250.000 propietarios de Cultivos Permanentes y Tierras de Cultivo para compensar la subida de costes de producción (fertilizantes). Dejando curiosamente también fuera del reparto a todos los ganaderos de extensivo que tienen tierras dedicadas a la producción de Pastos. Esta nueva injusticia deja fuera de reparto a todos los ganaderos de extensivo, que son el sector más vulnerable de todos, como queda demostrado siendo el que en mayor cantidad abandona sus explotaciones de toda la producción agraria española. Dejando de percibir unos 95 millones de euros, que son los que les hubiese correspondido, si se hubiese hecho un reparto equitativo de la partida presupuestaria.
Por si todo eso fuese poco, el pasado 21 de febrero, el Congreso de los Diputados ha aprobado sin ningún voto en contra una Propuesta de Resolución que insta al gobierno a incluir sin discriminación alguna a la ganadería intensiva, en todas las Ayudas Públicas relacionadas con el sector agrario. Es decir, las pocas Ayudas a la Renta que puedan dirigirse en lo sucesivo a la ganadería extensiva, que es la que está padeciendo los rigores del campo, las tendrá que compartir con los demás granjeros de intensivo que tienen encerrados en naves a su ganado.
Finalmente, y como muestra representativa de lo que ya tiene encima y está por venir para este sector, se ha empezado a poner en marcha de una forma poco ortodoxa el Real Decreto 1053/2022 sobre Ordenación Zootécnica en Bovino, para clasificar a estas ganaderías en extensivas, semiextensivas y "no extensivas" con lo cual desaparecen de un plumazo las ganaderías intensivas (¿da miedo emplear el vocablo INTENSIVO?).
Si alguien piensa que, con estos planteamientos oficiales de nuestras Administraciones, la Ganadería Extensiva, la Dehesa y los Pastos tienen algún futuro en España, les agradeceríamos que nos lo explicasen con datos reales, por favor.
