El Tribunal de Cuentas Europeo ha iniciado una evaluación para determinar si la Comisión Europea ha protegido eficazmente los intereses financieros de la UE frente a la vulneración de los principios del Estado de Derecho en los Estados miembros.. Los auditores examinarán las medidas adoptadas por el Ejecutivo de la Unión para garantizar que solo reciban fondos de las arcas de la UE los países que respeten el Estado de Derecho. La auditoría se centrará en la política de cohesión de la UE y en la financiación destinada a la recuperación tras la pandemia de COVID-19.

«La violación de los principios del Estado de Derecho, como la ausencia de una investigación adecuada de la corrupción o la falta de independencia judicial, puede tener importantes consecuencias financieras dentro de la UE y dar lugar a malversación de fondos de la Unión en los Estados miembros», afirma Annemie Turtelboom, Miembro del Tribunal que dirige la auditoría. «Nuestra auditoría determinará si la Comisión utiliza eficazmente los instrumentos de que dispone para proteger el presupuesto de la UE frente a la vulneración de los principios del Estado de Derecho en los Estados miembros, en particular con respecto a los fondos de cohesión y de recuperación».

El Estado de Derecho es uno de los valores fundamentales de la UE: significa que todos los miembros de la sociedad son iguales ante la ley, que los tribunales actúan de manera imparcial e independiente, y que existe una separación de poderes. La UE ha desarrollado una combinación de instrumentos legales, financieros y de supervisión, así como otros mecanismos, para hacer que se respete el Estado de Derecho, tales como el mecanismo de cooperación y verificación, los procedimientos de infracción y los informes anuales sobre el Estado de Derecho. Además, en 2020, aprobó normas de condicionalidad para proteger la buena gestión financiera del presupuesto de la UE en conjunto. En determinadas condiciones, estas normas exigen que se suspenda, reduzca o restrinja el acceso a la financiación de la UE a los países que hayan vulnerado gravemente los principios del Estado de Derecho. Hasta ahora, estas medidas de protección se han aplicado únicamente a Hungría (en diciembre de 2022), mediante una suspensión del 55 % de los fondos que debía recibir en virtud de los tres programas de cohesión de la UE. Las normas financieras que rigen los fondos de la política de cohesión y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que representa la mayor parte del paquete de medidas de recuperación de la UE, prevén salvaguardias adicionales del Estado de Derecho.

La auditoría se centrará en tres ámbitos diferentes para la protección de los intereses financieros de la UE contra la vulneración de los principios del Estado de Derecho: la aplicación por la Comisión del Reglamento de la UE sobre condicionalidad, las normas aplicables en virtud de los fondos de la política de cohesión para 2021-2027 y las normas aplicables con arreglo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La auditoría abarcará la actuación de la Comisión en una muestra de seis países: Bulgaria, Grecia, Italia, Hungría, Polonia y Rumanía.