El sector privado mueve ficha en la electrificación ante las ineficiencias del MOVES y la inminente entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones a partir de 2023 como telón de fondo; de modo que ya no se limita a invertir y desarrollar en producto, sino también en accesibilidad al consumidor final.

Tal es así que Velca ha capitalizado 4 millones de euros en recursos propios para un plan privado de incentivos directos a la compra de un vehículo eléctrico.

Este plan es, por tanto, la respuesta al escaso bagaje del MOVES que, según el Banco de España, su segunda edición solo hizo crecer al menos un punto porcentual las matriculaciones de eléctricos en Asturias, Madrid, Cataluña, Baleares y Navarra, lo que revela la ineficacia de los planes públicos en su última milla, es decir, en llegar al consumidor final.

Los principales motivos son la falta de información, el exceso de burocracia (unos 15 documentos a rellenar), la descentralización de las ayudas, tener que anticipar su cuantía, la larga espera en recibirlas y su tributación posterior.

Por este motivo, el plan privado invierte las ineficiencias del MOVES al convertir las ayudas en incentivos directos e inmediatos a la compra, sin tener que declararlos a Hacienda y sin papeleo en su tramitación.

Es decir, el conductor recibe al momento 1.100 euros en el caso de una motocicleta, 600 euros si es ciclomotor y 300 euros si es una “eBike”.

Y, además, le entregan el vehículo en su domicilio, sin tener que desplazarse, listo para rodar.

Potenciar las dos ruedas Otro punto fundamental de este plan de incentivos es que amplía su alcance pues va dirigido a todas las modalidades de dos ruedas electrificadas, es decir, incluye no solo moto, sino también ciclomotor y bicicleta, en cualquier caso son medios de transporte que se pueden conducir con el carnet B de coche, en el caso de motocicleta hasta 125 cc.

Esto es fundamental porque el MOVES adolece de una perspectiva amplia de la movilidad, ya que se limita al coche y a determinados tipos de moto eléctricas.

En este sentido, Velca cuestiona la máxima de que el sustituto de un coche contaminante tenga que ser necesariamente otro coche.

En parte porque el vehículo más vendido en España es un usado de más de 10 años, en parte porque el acceso a un coche nuevo es muy complicado por la crisis de los microchips, los retrasos de hasta 7 meses en la entrega de un eléctrico, la inflación y la subida de los tipos de interés.

En cambio, la compañía recuerda que las ventas de motos hasta octubre acumulan un crecimiento de casi el 7% y, en particular, las motocicletas eléctricas de más del 60%, según ANESDOR.

Sin embargo, las matriculaciones de turismos caen en ese periodo un 7%.

Inspirar próximos MOVES La puesta en marcha de un Plan MOVES privado como es el caso tiene como propósito final ayudar a las administraciones al diseño de los futuros planes, poniendo el acento en la colaboración público-privada.

Y es que, si el Gobierno tiene clara la hoja de ruta, las empresas tienen más clara la implantación, especialmente por su conocimiento del mercado y del consumidor.

Es por ello que, desde Velca, se plantea que futuros MOVES puedan reorientar los incentivos y que sean las marcas las que los ejecuten y, posteriormente, hagan cuentas con la Administración.

Esto mismo es lo que sucede con las gasolineras y el descuento de 20 céntimos por litro de combustible.

Además, la compañía pone el acento en acercar la electrificación a las capas jóvenes de la población, muy comprometidas medioambientalmente, pero con escasos recursos para motorizarse dada la tasa de paro en España en menores de 25 años, al igual que sucede con los planes de vivienda.

En palabras del CEO de Velca, Emilio Froján, “la electrificación no sólo depende de la infraestructura de recarga, sino de hacerla accesible al bolsillo de los ciudadanos.

De nada sirve aumentar la dotación en 400 millones de euros en el MOVES III, si estamos pidiendo a los conductores que anticipen sus ahorros, es decir, financiarlo durante un tiempo, y esperar meses a recibir la ayuda.

Máxime en un contexto en el que la gente vive al día por la incertidumbre que nos rodea.

No podemos poner el peso en el ciudadano, hay que repartir las cargas”.