Los jesuitas lamentan profundamente las vidas perdidas en Nador el pasado viernes y reclaman la necesidad de vías de acceso a la protección legales y seguras.

Los abogados de Servicio Jesuita a Migrantes prestan asistencia letrada a algunas de las personas que han llegado a Melilla y cuyos expedientes de devolución han sido paralizados al haber expresado su intención de solicitar protección internacional.

Entreculturas y Alboan trabajan en alianza con organizaciones locales de atención a personas migrantes en tránsito en Nador y Tánger, así como en muchos de los países de origen.

Denunciamos que estos hechos suceden como consecuencia de una perspectiva única de seguridad y férreo control en la frontera, donde se observa una ausencia de asistencia humanitaria y graves vulneraciones de derechos humanos.

Las obras sociales de la Compañía de Jesús trabajando en la frontera sur lamentamos profundamente la muerte de, según cifras de las autoridades marroquíes, al menos 23 personas cuando trataban de saltar la valla en la zona de Barrio Chino de Melilla el pasado viernes 24 de junio. En las imágenes grabadas en el lado marroquí de la frontera se aprecia la dureza del dispositivo policial y un trato inhumano para repeler este intento de acceso, hechos preocupantes que pueden suponer vulneraciones de derechos humanos.

Por otra parte, como ha sucedido en situaciones similares previas, en el lado español se observan rechazos en frontera de personas lesionadas, algunas de ellas que podrían ser menores de edad, todas con más que probable perfil de protección internacional. El Servicio Jesuita a Migrantes, Entreculturas y Alboan demandan al Gobierno de España que se valga de los canales diplomáticos para que las autoridades marroquíes abran una investigación rigurosa que aclare las circunstancias en las que estas personas han perdido la vida en la frontera, así como la identificación de las personas fallecidas y la puesta en conocimiento a sus familiares.

Lo acontecido en la frontera de Melilla es consecuencia de una política migratoria y de gestión de las fronteras inhumana e irresponsable. La insuficiencia de vías seguras y legales eficaces para acceder al territorio europeo y a la protección internacional obliga a las personas que huyen de situaciones de conflicto, violencia o escasez de medios de vida a poner en riesgo su vida y su integridad física. Y en este contexto lo que se observa son situaciones de excesiva dureza por parte de las autoridades que tristemente desembocan en numerosas vulneraciones de derechos y, en ocasiones, en muertes. Por desgracia, en la frontera prevalece la perspectiva de seguridad por encima de la humanitaria.

El equipo jurídico de SJM trabaja acompañando y prestando asistencia letrada a algunos de los jóvenes que consiguieron llegar al CETI de Melilla el pasado viernes, cuya voluntad de solicitar protección internacional está siendo respetada y actualmente tramitada. Esto supone la paralización de cualquier procedimiento de devolución incoado. La mayoría de los jóvenes proceden de Sudán, un país inmerso en una grave crisis social y con altas tasas de reconocimiento de protección por parte de España. Es necesario recordar que el CETI no es una dependencia policial y que las personas que se encuentran allí no deben ser privadas de libertad.

Entreculturas, Alboan y el SJM demandan una revisión de las políticas europeas en materia exterior. El desvío de fondos de cooperación para control migratorio debe acabar de manera inmediata y el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo debe ser más garantista con los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Igualmente demandamos una mayor coherencia del Gobierno español con lo establecido en el anteproyecto de Ley de Cooperación en el que se recoge el objetivo de "fomentar un enfoque integral de la migración centrado en las personas y sus derechos".

Tras años de trabajo en esta frontera sur, una de las más desiguales del mundo, en esta crisis está en juego la coherencia con los valores y principios europeos, así como nuestra capacidad para construir un futuro justo, pacífico y sostenible que sólo será posible bajo principios democráticos y garantía de derechos.