Ayer hizo públicos el CGPJ los datos del efecto de la crisis en los órganos judiciales referidos al primer trimestre de este año, según los cuáles, en la Región de Murcia se han ejecutado 543 desahucios, 49 menos que en el mismo período de 2021. Estos dramas humanos se desglosan de la siguiente forma:

· 192 derivados de ejecuciones hipotecarias

· 316 por aplicación de la LAU

· 35 por otras causas (incluye los que son consecuencia de ocupaciones ilegales).

Estos números nos provocan las siguientes reflexiones:

1. El escudo social aprobado por el Gobierno Central, muestra una vez más su insuficiencia, y no frena este incesante caudal de tragedias.

2. La sinrazón del gobierno de López Miras y su consejero Díez de Revenga, que limitan toda su política de Vivienda a denunciar la ocupación, señalando que, en 18 meses, han recibido más de 600 denuncias, mientras que en sólo 15 meses, se han ejecutado en la región 2.782 desahucios, casi 3 veces más. La inacción del gobierno regional, junto a la inexistencia práctica de un Parque Público de Vivienda, impide, por una parte, realojar a las familias desahuciadas, y por otra, favorece la ocupación ilegal, frente a la falta de recursos y de alternativas para esas familias.

3. Con los precios de alquiler desbocados, su falta de control, y el anuncio de insumisión por parte del gobierno regional a los mecanismos que la ley estatal de vivienda pueda incorporar en este sentido, auguran en el futuro próximo fuertes incrementos de este tipo de desahucios.

4. El gobierno regional, debería apartar la estulticia, y abordar el ejercicio del Derecho a la Vivienda, para lo que debería en primer lugar, sumarse a la iniciativa de la Comunidad Valenciana, a la que ya se han sumado Asturias, País Vasco, Aragón y Cataluña, y reclamar al Ministerio de Economía la cesión para Parque Público, de todas las viviendas de la SAREB ubicadas en nuestra región, que ronda la cifra de 3.000 viviendas.

El panorama para cuando, el próximo 30 de septiembre finalice la protección del escudo social es demoledor, si en la próxima Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, no se incorporan las propuestas que la PAH, junto al resto de organizaciones que integramos la Iniciativa Ley Vivienda, hemos hecho llegar a los partidos que nos han apoyado, y que están registradas en el Congreso, para lograr que el Derecho a la Vivienda pase a ser el Derecho Fundamental que es. Para lograrlo, ejerceremos la presión social en las calles, saliendo en primer lugar el próximo jueves en la Columna Violeta para reclamar que

 ¡Otra Región es necesaria!