Feliu Franquesa lamenta una vez más la inseguridad jurídica que sufre el mercado de la vivienda en Catalunya

El pasado 10 de marzo el TC tumbó parte de la ley catalana de vivienda (Ley 11/2020) que regula el precio de los alquileres, al considerar que la normativa supone una invasión de la comunidad autónoma en las competencias del Estado.

La ley obligaba a rebajar y congelar los precios de los nuevos contratos de alquiler en las áreas con mercado de vivienda de fuerte demanda, que englobaba a 60 municipios catalanes de más de 20.000 habitantes, entre los cuales se encontraba Sant Cugat del Vallès.

La resolución del TC declara inconstitucionales y nulos once de los artículos de la ley catalana de vivienda, al considerar que suponen una invasión de la comunidad autónoma a las competencias del estado. La sentencia del Constitucional no afecta los contratos firmados antes de esta resolución, que se mantendrán en los mismos términos, y solo será efectiva para los contratos que se formalicen a partir de ahora.

La oferta de viviendas en arrendamiento disminuye desde la entrada en vigor de la ley

La inmobiliaria santcugatense Feliu Franquesa, ya alertó en su momento a través de un comunicado, que la normativa aprobada en 2020 por el Parlamento de Cataluña, era contraproducente y que paralizaría el mercado. De hecho, un año después de la entrada en vigor de la ley, la oferta de viviendas en arrendamiento disminuyó un 42% en la ciudad de Barcelona, según datos del portal inmobiliario Idealista. Además, durante este mismo periodo en que se implantó el control de precios, Barcelona registró una reducción en sus rentas del 8,2%, una cifra inferior a la de la ciudad de Madrid, donde los precios disminuyeron un 9,3%, sin ninguna ley que regule el precio del alquiler.

Feliu Franquesa lamenta una vez más la inseguridad jurídica que sufre el mercado de la vivienda en Catalunya. ‘Reclamamos al Gobierno de la Generalitat medidas efectivas que creen seguridad, estabilidad, y que permitan recuperar la confianza en el alquiler, y no medidas coercitivas que demuestran un evidente desconocimiento del mercado de alquiler’, señala Maria Andreu, socia directora de la agencia santcugatense, que reitera la necesidad de ‘apostar por medidas que generen seguridad jurídica y que incentiven el desarrollo de un parque público de vivienda de alquiler’, así como ‘la necesidad de buscar un equilibrio justo entre la protección del inquilino y los intereses de los propietarios’.

La inmobiliaria, fundada en 2002, ofrece todas las gestiones que tienen que ver con servicios inmobiliarios y jurídicos, además de otros servicios complementarios, como el asesoramiento en herencias y testamentos, la gestión de las plusvalías y otras operaciones bancarias asociadas a las gestiones inmobiliarias.

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Feliu Franquesa es un centro de Servicios Globales Patrimoniales y especializado en todas las áreas relacionadas con el mundo inmobiliario. La compañía cuenta con un capital humano formado por agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas y abogados.