“La CHS, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha dejado claro al propio Ministerio que tocar el Trasvase tendrá unas consecuencias catastróficas para el campo murciano”, señala Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). Una afirmación que se apoya en el Plan Hidrológico del Segura 2022-27, que la semana pasada recibió el informe favorable del Consejo de Agua convocado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
Un grave impacto socioeconómico y ambiental no solo para el sector agroalimentario del Levante, sino también para los ciudadanos, que sufrirán de forma directa algunas de las consecuencias del recorte, debido al incremento injustificado de los caudales ecológicos del Alto Tajo. “El Trasvase no debe tocarse porque no solo afectará al campo, sino por extensión a todos los ciudadanos del Levante”, señala Jiménez.
Esta propuesta ministerial supone una disminución de 105 hm3 anuales, de los que al abastecimiento corresponden 27 hm3 y 78 hm3 a los riegos del Trasvase. “Esto dejará las zonas regables, declaradas de interés general del Estado y dimensionadas para recibir 400 hm3 al año, con solo 119 hm3 a final del actual ciclo de planificación”, denuncian desde el SCRATS.
Impacto socioeconómico
Según el plan de la CHS, el recorte del Trasvase acabará con más de 8.000 empleos directos y miles de empleos indirectos, así como supondrá la destrucción de 12.000 hectáreas de campos de cultivo en Murcia, Alicante y Almería. En resumen, el Plan de Cuenca del Segura elaborado por la CHS estima que la pérdida del valor de producción rondará los 122 millones de euros anuales.
El impacto que sufrirá el regadío tendrá consecuencias directas sobre sectores cuyo trabajo queda estrechamente ligado al agro (fitosanitarios, logística, packaging, abonos, combustible, etc.), con la correspondiente caída del consumo de las familias involucradas en ellos. “Será como la caída de las fichas del dominó y nos podrá pasar a cualquiera de nosotros: a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos…”, adelanta Jiménez, que señala que el plan fija en 8.060 los empleos totales afectados (directos, indirectos e inducidos).
Por otro lado, el incremento del uso del agua desalada propuesto en el Plan de Cuenca implica una subida en el precio de la factura de agua de los hogares de Murcia, Alicante y
Almería. Zonas que ya se ven obligadas a pagar una cuantía superior a la del resto de España. “Además, el plan de cuenca deja claro que el agua desalada no soluciona nuestro déficit de hídrico debido a sus elevados costes”, indica el presidente del SCRATS, que resalta que un uso mayor de agua desalada aumentará aún más el precio que se paga por el agua en los hogares. “¿Podemos permitírnoslo?”, se pregunta Jiménez, que recuerda que es un golpe que sufrirá toda la sociedad levantina.
Daño ambiental
Esta situación supondrá asimismo un gran daño medioambiental, ya que los cultivos del Levante funcionan como los principales sumideros de CO2 del entorno. “Son una de las herramientas básicas para combatir el cambio climático en la zona”, destacan los regantes.
