La Alianza Energía y Territorio exige que no se permita la aplicación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Andalucía, ya que supondrá daños medioambientales y sociales irreparables para el patrimonio, el futuro, la calidad de vida y la sostenibilidad de la sociedad andaluza

ALIENTE celebra que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ponga en cuestión parte de la ley conocida como LISTA, aprobada por el Gobierno andaluz que preside el señor Juan Manuel Moreno. Sin embargo, el anuncio de la creación de un grupo de trabajo con la Junta de Andalucía para "resolver las discrepancias" nos parece insuficiente.

ALIENTE ya fue vetado a comparecer en el Parlamento andaluz en la tramitación de la LISTA en septiembre de 2021.

ALIENTE trasladó a la Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la petición al Gobierno de España de presentar recurso de inconstitucionalidad el 28 de diciembre de 2021, a través de una reunión presencial entre la Ministra y el portavoz de ALIENTE Luis Bolonio.

El pasado 18 de enero, Alianza Energía y Territorio ya advertía sobre la inconstitucionalidad de la nueva ley del suelo de Andalucía, mediante un documento de su Grupo de Trabajo Jurídico publicado en la web de ALIENTE  y presentado por registro en el MITECO el mismo día.

ALIENTE trasladó la misma petición al Defensor del Pueblo estatal el 21 de enero de 2022 y al Defensor del pueblo andaluz en 19 de enero de 2022, siendo en ambos casos desestimada nuestra petición.

Ante la inacción tanto del Gobierno estatal, como de ambos defensores del pueblo, el Grupo de Trabajo Jurídico de ALIENTE elaboró un recurso de inconstitucionalidad y consiguió el apoyo de 51 diputados para poder presentarlo en el Tribunal Constitucional el pasado 2 de marzo.

La LISTA supone una flagrante violación de la autonomía local en materia de urbanismo, pues elimina toda pretensión del Ayuntamiento de planificar los megaproyectos de renovables en su término municipal, además entendemos que la ley andaluza vulnera la autonomía local, ya que considera usos ordinarios en suelo rústico las actividades mineras y los megaproyectos de energías renovables.

Por este motivo, consideramos que la creación de ese grupo de trabajo anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez llega tarde, debido a que en lo que queda de año los miles de proyectos de megainstalaciones renovables que se están tramitando en Andalucía deben tener declaración de impacto ambiental, para cumplir con las exigencias impuestas por el propio Ejecutivo estatal y que los promotores no pierdan los avales depositados por los derechos de acceso a la red de transporte de electricidad.

Por lo tanto, si el recurso de inconstitucionalidad no es aprobado cuanto antes, el daño sobre el patrimonio, el futuro, la calidad de vida y la sostenibilidad de la sociedad andaluza será irreparable, ya que con esta ley desaparece de facto la actual protección del suelo no urbanizable especialmente protegido; espacios que conviene preservar por su destacado valor cultural, ecológico, medioambiental, de biodiversidad o paisajístico. Todo ello a través de una intromisión ilegítima en la autonomía local, como es que una inversión privada se pueda declarar de interés autonómico y que tal declaración no sólo vincule al municipio, sino que además le obligue a modificar su Plan General en el sentido de dicha inversión empresarial.

Por lo tanto, ALIENTE exige que el Gobierno de Pedro Sánchez presente cuanto antes recurso de inconstitucionalidad a la LISTA, para evitar el daño social, económico y ambiental de este atentado contra la democracia perpetrado por el Ejecutivo andaluz.