Rodolfo Correal experto y consultor de gran trayectoria en el desarrollo de sistemas anti lavado de dinero y financiación del terrorismo, habla del complejo tema de los riesgos AML/CFT, en la industria de las criptomonedas en los Estados Unidos

La Conferencia anual de Cumplimiento AML 2022 de FIBA, es el congreso de instituciones financieras más importante de la florida y contó con la participación de más de 1.500 asistentes de 300 instituciones financieras. Tres días de conferencias expuestas por los principales expertos a nivel mundial en el tema Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT).

El experto Rodolfo Correal explica los riesgos del lavado de dinero y financiación del terrorismo por medio de la criptomoneda.

"A medida que los criptomercados maduran y el dinero institucional fluye, la tecnología para detectar el fraude y el lavado de dinero que involucran activos digitales es más importante que nunca. Hay gran preocupación debido a que dos de los principales sectores delictivos, el terrorismo y el narcotráfico han descubierto las ventajas de las monedas virtuales, aunque ambos difieren en el uso que le dan.

Comprar drogas, pistolas o un software para secuestrar datos de víctimas de fraudes en el mercado negro es más “fácil y anónimo” que nunca gracias a las criptomonedas, que también son populares para “financiar actividades terroristas” y “el blanqueo de dinero ilícito" obtenido en el mundo del narcotráfico.

Los terroristas las utilizan para “financiar sus actividades y su estructura en línea haciendo incluso campañas para reunir activos” en la red.

Utilizan criptomonedas porque son anónimas y fáciles de transferir de un país a otro en un escenario internacional. Moverlas es muy rápido y solo lleva unos segundos. Hay grupos que han hecho campañas en las que ofrecen carteras de criptomonedas para que sus seguidores transfieran monedas virtuales para financiar movimientos y actividades terroristas, luego ellos usan ese dinero para lo que quieran.

Mientras los terroristas usan estas monedas para obtener fondos, los narcotraficantes las aprovechan para mover su dinero de un país a otro sin ser detectados. Cuando tienen que mover ‘cash’ usan los mismos proveedores para intercambiar el efectivo por criptomonedas y cuando el valor está en criptomonedas, las transfieren al país que quieren.

La industria de las criptomonedas se ha incrementado durante los últimos 12 meses. La explosión en el valor de Bitcoin se quintuplico valorándose colectivamente en más de USD 1 billón. Sin embargo, a medida que el sector de las criptomonedas continúa creciendo y prosperando, también lo hace el crimen relacionado con las criptomonedas. En 2019 se perdieron activos virtuales por valor de USD 3,800 millones por fraude. Esta cifra aumentó a casi USD 7.9 mil millones de dólares.

El fraude, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo no son problemas exclusivos del sector de las criptomonedas, y todos los sistemas financieros a nivel global han tenido que tomar medidas para garantizar que su infraestructura no se utilice con fines ilícitos. Pero ahora, los reguladores de todo el mundo están intensificando sus esfuerzos para reprimir la actividad delictiva, y esto tiene el potencial de afectar las operaciones de los proveedores de servicios de criptomonedas, muchos de los cuales todavía están por detrás de la curva.

Pueden surgir otros problemas cuando los depósitos se realizan utilizando cuentas bancarias que usan un nombre diferente al registrado en un exchange de criptomonedas, donde se usan mezcladores y tumblers para distorsionar los orígenes de los pagos en BTC, o donde se usan direcciones IP potencialmente sospechosas.

Al principio, puede parecer una pesadilla para los proveedores de servicios de activos virtuales introducir medidas de seguridad que detecten rápidamente cuándo surgen estos indicadores de alerta. En un mercado competitivo, algunos estarán preocupados por los costos asociados con detener las transacciones de alto riesgo en su camino, así como por la interrupción que podrían enfrentar sus operaciones si la actividad legítima se confunde con una operación ilegal. Pero existen plataformas que pueden monitorear nuevas transacciones en tiempo real, asignando instantáneamente una puntuación de riesgo a todas y cada una de las transacciones. Esta no es de ninguna manera una tarea sencilla, ya que el alto volumen de transacciones que se ejecutan diariamente a través de las cadenas de bloques significa que el análisis debe realizarse de forma continua y sin interrupciones afirma el experto Rodolfo Ignacio correal García

La velocidad a la que los actores ilegales pueden ejecutar transacciones también significa que los sistemas de cumplimiento deben actuar rápidamente, identificando centros de actividad sospechosa y creando conexiones significativas con otras billeteras donde se distribuyen fondos potencialmente adquiridos ilegalmente.

Los datos pasados también se pueden utilizar para anticipar eventos futuros, lo que significa que los exchanges pueden recibir una advertencia de que está a punto de ocurrir una actividad potencialmente peligrosa, incluso si una transacción aún no se ha confirmado. La naturaleza técnica de la cadena de bloques, junto con la prevalencia de estafas con criptomonedas, se logra comprendiendo la procedencia de los fondos que se envían a través de la cadena, sus conexiones, sus trayectorias de flujo y alertando a los proveedores de servicios de criptomonedas si estos activos son de origen fraudulento. Las direcciones y las tarjetas bancarias pueden estar relacionadas con el fraude, la extorsión, el terrorismo y el lavado de dinero. También se puede alertar a las empresas cuando las entidades intentan depositar o retirar fondos de cuentas y exchanges que tienen pocos o ningún procedimiento de debida diligencia en vigor.

La industria cripto es relativamente joven y a medida que la tecnología se desarrolla, también trae consigo requisitos de cumplimiento únicos. Es necesario combinar las mejores prácticas de las industrias financieras más maduras con una actividad preventiva con la utilización de herramientas tecnológicas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.