El ciudadano ha de ser un actor de primer orden en el nuevo sistema energético, pero hay que proporcionarle las herramientas para ello

El precio medio del pool eléctrico español no ha dejado de crecer desde el mes de julio de 2021, alcanzando máximos históricos, triplicando la media de la última década y planteando una presión adicional para hogares y consumidores. Ante esta subida de los precios, el Plan de Choque presentado por el Gobierno recoge medidas que pretenden mitigar este impacto sobre la factura eléctrica, pero lo hace con un enfoque muy a corto plazo y sin modificar un sistema energético del siglo pasado,  unidireccional, rígido y poco adaptado a las nuevas tecnologías y realidades sociales.

Para dar continuidad a estos esfuerzos puntuales y con fecha de caducidad, Greenward, la primera empresa de capital ecológico en España, destaca la necesidad de acometer un reposicionamiento estratégico de las prioridades y la transformación del modelo energético español hacia uno que, a partir del impulso de la eficiencia energética como activo de energía distribuida y vector para poner en valor la gestión de la demanda, presente mayores beneficios para el sistema, los consumidores -especialmente las rentas más bajas y los colectivos vulnerables frente a la creciente pobreza energética-, la economía y el planeta.

Con la rehabilitación energética de hogares y edificios como una de sus principales armas, la eficiencia energética ya ha resultado clave en muchos y muy distintos sistemas energéticos para rebajar y controlar la factura eléctrica de empresas y ciudadanos, y palanca eficaz para reducir los costes dentro del sistema de generación, transmisión, distribución y almacenamiento, lo que también se traslada al coste final de la tarifa. 

Eduardo Brunet, cofundador y presidente de Greenward, afirma que “La eficiencia energética  debe considerarse y tratarse como una fuente de energía más, la `Energía Eficiencia´, en igualdad de condiciones que el resto y con su propio marco regulatorio. Es la fuente de energía más abundante, económica y beneficiosa para el conjunto del sistema energético de cualquier país. No solo permitiría reducir la factura eléctrica, sino que también resulta clave a la hora de cumplir con los objetivos de descarbonización de la economía y mitigar el cambio climático”.

En el entorno europeo, los fondos públicos aportados para la rehabilitación de edificios en base a criterios de eficiencia energética promueven una actividad económica que los multiplica por 6,5, reducen los costes de desempleo un 95% del valor de la subvención y producen un retorno fiscal que los multiplica por 1,9.

Estudios recientes* demuestran que la eficiencia energética ya es la tercera mayor fuente de electricidad de Estados Unidos, aportando más energía a la red que la nuclear, y que es un recurso menos costoso que cualquier otra fuente de energía, convencional o alternativa. Para el periodo 2021-2030 se proyectan reducciones del 34% en cuanto a la necesidad de recurrir al gas para la generación de electricidad. Esto, trasladado a España, supondría un ahorro equivalente al de las medidas de choque anunciadas por el Ejecutivo, pero sin perjuicio al resto de actores e inversiones en el sistema.

El Acuerdo de París recuerda que, para cumplir con los límites de seguridad dentro de la crisis climática, el incremento de las temperaturas debe situarse entre 1,5 y 2 grados con respecto a niveles preindustriales. Al ritmo actual, a finales de siglo se alcanzarán los 2,7º. Según Naciones Unidas, para 2030 las emisiones mundiales habrán aumentado un 16,3% con respecto a 2010. Unos niveles alarmantes.

“La eficiencia energética conlleva también una muy necesaria reducción de emisiones, y a su valor se suma el impacto en salud, confort y otros beneficios no energéticos, como, por ejemplo, que es la medida contra el cambio climático que más puestos de trabajo genera por millón de inversión, empleos que, además, son locales y mayoritariamente en pymes”, añade Brunet.

Así, según un estudio financiado por ClimateWorks, si las economías priorizan las medidas de eficiencia energética dentro de planes y políticas para mitigar el cambio climático hasta 2030, además de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones podrían ahorrar 2,8 billones de dólares. En España, la tasa de rehabilitación energética de edificios está lejos de la de países de su entorno. Los fondos públicos son insuficientes y no contamos con movimientos legislativos, fiscales ni herramientas de financiación suficientes que permitan al ciudadano ser un actor de primer orden en el nuevo sistema energético hacia el que hay que avanzar.

Como explica Eduardo Brunet, “Hablamos de un sistema digitalizado y descentralizado, donde la energía se venderá como un servicio y donde los edificios rehabilitados a través de intervenciones de eficiencia e inteligencia serán auténticos activos energéticos y conectados en red, abriendo un mercado de flexibilidad estimado en más de 220.000 millones de dólares para 2026. España no puede quedar rezagada en la consecución de ese modelo.”

En este sentido, según Navigant Research, los activos de energía distribuida están llamados a crecer 9 veces más rápido que las centrales de generación, incluidas las renovables, en los próximos 10 años. Y tendrán capacidad para producir cerca de 43.000 teravatios. “En otras palabras, los activos de energía distribuida podrían obviar la necesidad de fuentes centralizadas de generación para 2030”, concluye Brunet.

En un sistema energético adaptado al siglo XXI y necesariamente bidireccional, la Energía Eficiencia tiene que ser una fuente despachable, con un precio de mercado y que proporcione flexibilidad de demanda a largo plazo. Esto descongestionaría problemas de red en puntos y franjas horarias concretas y facilitaría la entrada en red de un volumen cada vez mayor de renovables, al tiempo que eliminaría la necesidad de fuentes de generación caras y contaminantes y enormes inversiones en transmisión y almacenamiento.

En este sentido, la Agencia Internacional de la Energía** propone a los reguladores, operadores del sistema y compañías energéticas, las siguientes medidas regulatorias:

Crear incentivos adecuados a los consumidores para integrar y poner en marcha proyectos de rehabilitación inteligente y eficiente en sus edificios, a través de un sistema tarifario que asegure una justa remuneración al valor generado por esos proyectos.

Facilitar la agregación de demanda flexible representada por multitud de pequeños proyectos en residencial y comercial de modo que puedan participar en el mercado energético mayorista

El consorcio Flexener, liderado por Iberdrola e integrado por compañías como Siemens, Balantia y Wallbox, y apoyado por el Centro para el Desarrollo Industrial y Tecnológico (CDTI), comparte esta visión de transición del sistema energético e invertirá 7,6 millones de euros en el desarrollo de tecnologías para poder integrar esta Energía Eficiencia dentro de la red.

(*) Según el American Council for an Energy Efficient Economy (ACEE) y el estudio de Synapse sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en Estados Unidos, publicado el pasado mes de agosto

(**) En su reciente publicación Distributed energy resources for net zero: An asset or a hassle to the electricity grid?