Cuando la administración construye un edificio comienza la licitación con un concurso abierto para contratar los servicios de arquitectura, con unos honorarios propuestos, a partir de los cuáles, el jurado valorará hasta un 49% del total de la puntuación a la baja. El COACM considera que la responsabilidad social, a futuro, de los administradores (técnicos o políticos), no puede caer en el regateo de lo que supone un buen proyecto para la consecución de un buen edificio

Cuando la administración estima necesario construir un edificio, comienza la licitación con un concurso abierto para contratar los servicios de arquitectura, con unos honorarios propuestos, a partir de los cuáles, el jurado valorará hasta un 49% del total de la puntuación a la baja de estos honorarios establecidos, un criterio de valoración que se considera el más importante en casi todos los concursos.

Según la ley 9/2017, sobre los criterios de adjudicación, el precio no puede ser el único factor determinante de la adjudicación, si no que existe la obligación de utilizar varios criterios (artículo 145.3). Los criterios de adjudicación utilizados tienen que permitir obtener prestaciones de gran calidad que respondan lo mejor posible a las necesidades planteadas. En concreto, los criterios relacionados con la calidad deberán representar al menos, el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas (artículo 145.4).

El COACM (Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha) considera que es obligación de la administración ofrecer a la sociedad los mejores edificios, la mejor arquitectura al servicio público, y contratar a los arquitectos adecuados para ello, valorando pues su trabajo, y evaluando correctamente sus honorarios. Pero ha pervertido su misión social, y basándose en criterios, principalmente económicos, licita sin ningún pudor, los honorarios de los arquitectos, apostando por la depreciación, aprovechándose de la gran oferta de técnicos y de las rebajas inconscientes que provoca la precariedad laboral del sector (en estos últimos años se ha construido menos del 80%), por su puesto en detrimento del resultado, arquitectónico y constructivo del edificio público, que debería representar a la sociedad, ennoblecer los espacios comunes y prestigiar a la propia administración.

Al final, estos edificios se convierten en frutos de la carestía ética y del menosprecio del trabajo que aporta la arquitectura a la calidad de vida.

El ahorro en las horas de trabajo que se deben emplear en la correcta resolución del problema arquitectónico, deriva en la eliminación de esta plusvalía artística que las escuelas han inculcado, y que no va a poder reflejarse en el proyecto por falta de valoración, siendo el propio Estado quien menosprecia sus edificios.

Incluso si solo se aplicasen parámetros técnicos, el ahorro en las horas de estudio de la eficiencia de la estructura, construcción e instalaciones, provocaría un inmediato sobrecosto en la realización del edificio y en su mantenimiento, acortando su vida útil, encareciendo a la sociedad un producto basado en la brillante idea del desprecio del arquitecto, al minusvalorar su trabajo inicial.

Como reflexión económica, se conoce la dificultad de establecer un precio para un trabajo, pero se debe otorgar un valor añadido a la buena arquitectura, y dentro de un buen precio, se puede encontrar la estimación que tiene el cliente por un proyecto.

Precio del latín pretium, entre sus acepciones destaca la siguiente, “estimación, importancia o crédito”, además de “valor pecuniario en que se estima algo”.

Valor, sin embargo, se define como “grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite”.

La baja o la rebaja significan la falta de estimación del arquitecto por parte de la sociedad. Mala inversión ha realizado entonces en la enorme formación impartida por las escuelas universitarias, y en disponer de un cuerpo de técnicos de un alto prestigio mundial, con cuatro premios Pritzker, el tercer mejor país valorado por sus arquitectos.

“La sociedad necesita del conocimiento de arquitecto, para mejorar la calidad espacial y constructiva del común. La responsabilidad social, a futuro, de los administradores (técnicos o políticos), no puede caer en el regateo, y en la ignorancia de lo que supone un buen proyecto para la consecución de un buen edificio. Un cliente privado está exento de este deber de valoración y estimación del proyecto, y de la mejora arquitectónica que representa su justiprecio. Pero la administración debe tutelar la profesión y garantizar su calidad, y el mejor camino no es valorar las bajas en un 49%”, afirma a este respecto Teodoro Sánchez-Migallón, arquitecto colegiado, y hasta hace unos días presidente de la demarcación ciudadrealeña del COACM.

El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) trabaja en la elaboración de un documento, el libro blanco de los pliegos de condiciones, con el objetivo de ser el referente de la profesión en cuanto a las licitaciones. De esta manera, si la administración tiene en cuenta su contenido, se evitarán los actuales contenciosos para recurrir las licitaciones por parte de los Colegios de Arquitectos.

La decana del COACM, Elena Guijarro, ya ha puesto en común esta iniciativa con Patricia Franco, consejera de Economía y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que constató la excelente sintonía del gobierno regional para tener en cuenta el proyecto. Así, conocerá de manera inmediata el texto, una vez esté terminado, con el fin de que las licitaciones de las administraciones públicas en CLM tomen en cuenta, de inicio, las consideraciones de este libro blanco.