El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, compareció hoy ante el pleno de la Asamblea Regional -a petición propia y del Grupo Parlamentario Socialista- para exponer la gestión que ha llevado a cabo y las numerosas medidas puestas en marcha por su Departamento durante la crisis sanitaria de la Covid-19.

El consejero indicó que “es consciente” de que “tras la crisis sanitaria, el empleo es, posiblemente, lo que más preocupa a la sociedad. Más aún cuando por fin parecía que la última crisis económica se miraba desde lejos”. Afirmó que “nuestro compromiso con los conciudadanos es máximo, y sobra decir que no vamos a fallar a los murcianos en este momento tan delicado”.

Sobre el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), recordó  que, desde el primer momento y hasta que se mantenga el estado de alarma, todos los procedimientos de atención al ciudadano se harán de forma electrónica o por teléfono. Además, hay trámites como la renovación del sello por desempleo que se está resolviendo de forma automática “para tranquilizar a todos los usuarios y que no les quepa duda de que se mantienen sus garantías, sin necesidad de salir de casa”, aseguró Motas.

El consejero indicó que, para la adopción de medidas urgentes en materia de empleo orientadas o dirigidas a los sectores económicos más afectados por la paralización económica y social del Covid-19, el pasado 29 de abril, tras reunirse la Comisión de Seguimiento de la Estrategia por el Empleo Calidad 2017-2020, se constituyó la Comisión de Vigilancia para el Empleo derivada del Covid19 (COVEM 2020), integrada por los órganos directivos de la Consejería con competencias en materia de trabajo y empleo, así como por las organizaciones sindicales más representativas y la patronal.

Respecto a trabajo autónomo, Motas hizo hincapié en que “el Estado podía y debía haber hecho algo más por este colectivo”, al que desde el principio el consejero pidió que se le eximiese de pagar su cuota a la seguridad social “porque a ingresos cero, cero impuestos”. Pero ha reconocido que sus demandas no han tenido éxito “y el Gobierno de la Nación ha decidido hacer caso omiso a las reclamaciones, no solo nuestras, sino lo que es aún peor, le han dado la espalda a las organizaciones representativas del colectivo”.

Recordó que la Consejería va a destinar 4 millones de euros, que estiman beneficiarán a unos 14.000 autónomos, a través de una única ayuda de 286 euros a quienes hayan visto reducida su facturación entre un 40 y un 75 por ciento. Expresó su “compromiso” de seguir apostando por este colectivo en la Región y aseguró que “en cuanto tengamos mayor dotación económica, podremos avanzar nuevas ayudas al colectivo”.

En lo referente a la Dirección General de Investigación e Innovación, el consejero recordó que desde el inicio de la crisis sanitaria entendió que debía ejercer una de sus principales competencias: la de promoción de la Investigación. Algo que se ha hecho, entre otras cosas, aprovechando la convocatoria de proyectos del Instituto de Salud Carlos III para detectar potenciales proyectos regionales de investigación que, sin haber obtenido financiación nacional sí hubiesen sido calificados de forma positiva y poder dotarlos de medios.

Motas también mencionó la ‘Guía de las capacidades y recursos del sistema de I+D+i de la Región de Murcia en la lucha contra la Covid-19’, editada a través de la Fundación Séneca- Agencia Regional de Ciencia y Tecnología. “Se trata de un documento en el que se recoge toda la información acerca de las capacidades del Sistema de Ciencia y Tecnología con respecto a COVID-19 de todos los Centros de Investigación, OPIs y Universidades de la Región de Murcia: UMU, UPCT, UCAM, CEBAS, IMIDA, IMIB, CTNC”, explicó.

Según dijo, “este documento ha puesto de manifiesto el gran potencial de la Región de Murcia en I+D+i en la lucha frente a COVID-19, ya que todas las Instituciones del Sistema Regional de I+D+i están trabajando en ello”, y aseguró que “fue presentada y muy bien valorada por el Consejo de Política Científica que preside el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, quien afirmó que la emularía a nivel nacional y ha sido enviada como ejemplo de Buenas Prácticas al ‘Comité de las Regiones’ de la Unión Europea”.

Sobre la Dirección General de Universidades destacó que se está trabajando desde el principio para que el sistema universitario regional sea lo suficientemente flexible a fin de que ningún alumno pierda el curso como consecuencia de la pandemia. “Para ello, podemos presumir de haber conseguido plena colaboración con las universidades a través de la creación del Comité de Coordinación Universitaria (CCU)-Covid 19 que se ha reunido cada semana y nos permite mantener una comunicación fluida y coordinada, manteniendo el principio de autonomía universitaria”, expuso.

Aseguró que fue la Consejería la que propuso al Ministerio de Universidades realizar modificaciones en la prueba de EBAU para que los estudiantes puedan sacar la máxima nota con sólo el porcentaje de docencia impartido presencialmente este curso académico, “algo que será así a nivel nacional”.

No hubo tanta suerte con la petición de que se tuviera especial sensibilidad a la hora de marcar los criterios de obtención de becas para el curso 2020-2021, teniendo en cuenta que la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos puede estar teniendo una repercusión negativa a nivel económico en muchas familias, algo que, obviamente, no queda reflejado en la renta de 2019. “Por desgracia, esta medida ya sabemos que no ha sido tenida en cuenta”, lamentó.

A la espera de que el Ministerio se pronuncie al respecto y dado que es necesario empezar a tomar medidas con respecto de las sedes y las condiciones en que se celebrarán los exámenes de evaluación del bachillerato para el acceso a la Universidad, el consejero recordó que aquí “ya se está trabajando en la preparación de un protocolo sanitario que nos permita tomar decisiones priorizando la salud de los alumnos y de todo el personal implicado en la celebración de las pruebas”.

En relación a la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, responsable, entre otras cosas, de la gestión de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs) ha defendido el ingente esfuerzo que se ha debido hacer para gestionar la avalancha de expedientes recibidos desde que se declarase el estado de alarma, consiguiendo componer un equipo que ha pasado de contar con solo dos personas a más de 200, todas ellas funcionarios procedentes de otras consejerías y que, en modalidad de teletrabajo, han tenido que ser formados y coordinados.

“Ese esfuerzo se ha visto recompensado en que a día de hoy “la Región de Murcia es de las pocas comunidades autónomas que está resolviendo todos los expedientes y que, además, lo hace en tiempo”. En ello ha contribuido la Orden de la Consejería por la que se amplía el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, pasando de cinco a 10 días.

Motas agradeció el trabajo de todo el personal de la Consejería durante estos meses y reiteró la “necesidad de continuar esa estela para conseguir reducir el impacto de la Covid19 en el empleo lo antes posible”.