Joaquín Nieto, Director de la Oficina de la OIT para España;
María Jesús Herrera, Jefa de Misión en España de la Organización Internacional de Migraciones;
Juan Antonio Segura, Director General de Fundación Cepaim.
La situación creada por el COVID-19 ha agudizado el déficit de mano de obra en el campo, así como en el ámbito sanitario y de los cuidados. El gobierno ha realizado un apreciable esfuerzo para facilitar la incorporación de trabajadores y trabajadoras migrantes, adoptando medidas para reducir ese déficit, especialmente en materia de recolección de los productos agrícolas. Pero estas medidas, que responden a las necesidades de trabajo productivo, no han venido acompañadas de medidas complementarias dirigidas a solucionar la malas condiciones de vida y de alojamiento que vienen sufriendo los trabajadores y las trabajadoras migrantes del campo, que a menudo malviven en penosas condiciones en asentamientos chabolistas insalubres, sin agua corriente y sin los servicios públicos más elementales. Condiciones inhumanas denunciadas por Philip Alston, relator de Naciones Unidas, quien quedó escandalizado en su reciente visita a uno de dichos asentamientos.
Esta situación podría ahora agravarse porque muchos de los jóvenes inmigrantes que buscan trabajo en el campo, a quienes ahora se les facilita el acceso al empleo pero no a la vivienda, pueden acabar viviendo en tales asentamientos porque no tienen otra alternativa.
La situación ha hecho aflorar un problema que es urgente resolver: la demanda de migrantes para labores agrícolas y otras, como el empleo del hogar, está muy por encima de la que se viene cubriendo por las vías legalmente establecidas.
En España hay decenas de miles de trabajadores indocumentados que trabajan porque su trabajo es demandando por la sociedad, pero sin contrato y sin derechos.
Eso es lo que está detrás de la proliferación de decenas de asentamientos en áreas agrícolas en las que malviven muchos migrantes, indocumentados o no. Parecería que las personas migrantes valen para trabajar y producir, de manera legal o no, pero carecen de los derechos asociados a su condición de trabajadores o de ciudadanos y ciudadanas.
En 2018 la comunidad internacional adoptó el Pacto Mundial sobre Migración de 2018, ratificado por España, para una migración segura, ordenada y regular, para favorecer su gobernanza la contribución de la migración a los países de origen y de destino y al desarrollo sostenible.
Por su parte los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que configuran una agenda compartida para todos los países, incluyen la promoción del trabajo decente para todos; es decir de un trabajo con derechos, sin discriminación, en condiciones saludables, salarios suficientes y con protección social, que permita vivir con dignidad. Nada que ver con la situación de las personas que residen que en estos asentamientos que, en situación de vulnerabilidad extrema, suelen ser objeto de explotación y abuso laboral. Por esta razón necesitamos sistemas de migración laboral efectivos, a la vez que respetuosos con los derechos humanos, basados en lo que se conoce como Fair recruitment o contratación justa. Para que los empleadores puedan contratar a las personas migrantes que demandan los mercados laborales y estas personas sean recibidas y contratadas, en condiciones dignas de vida, de trabajo e integración.
Los tiempos de pandemia que vivimos, en los que el trabajo de las personas migrantes aparece tan necesario, en el campo, en la sanidad, en los hogares y en los cuidados, son tiempos para valorar y dignificar su trabajo y sus condiciones de vida. Apreciamos las medidas gubernamentales adoptadas para agilizar el reconocimiento de la cualificación profesional del personal sanitario y para facilitar el acceso al empleo agrícola a los migrantes, así como la promesa de ratificar el Convenio 189 de la OIT, que reconoce plenos derechos a las empleadas del hogar. Pero la erradicación de los asentamientos y el acceso a alternativas de alojamiento en condiciones dignas son hoy también algo urgente e imprescindible que es necesario abordar con inmediatez.
Son tiempos también para tomar en consideración de manera especial las propuestas de numerosas entidades y asociaciones españolas, como Fundación Cepaim, dirigidas a facilitar, mediante su regularización, el acceso a un estatus legal de los migrantes que ya residen en España en situación administrativa irregular, considerando las posibilidades que ya ofrece la actual legislación de extranjería. Para compartir de manera inclusiva el presente y el futuro.
Fundación Cepaim trabaja desde 1994 para promover un modelo de sociedad inclusiva e intercultural que facilite el acceso pleno a los derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestra sociedad y, de forma especial, de las personas migrantes.
Actualmente estamos presentes en 9 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia), la ciudad autónoma de Ceuta y con presencia propia en Senegal. Con un total de 32 centros territoriales ponemos el acento de nuestra intervención directa con población en riesgo de exclusión social en los barrios de los territorios donde nos ubicamos, trabajando en materia de Acogida y Protección Internacional, Vivienda, Inserción laboral y Formación, Acción Comunitaria, Igualdad, Gestión de la Diversidad y No Discriminación, Desarrollo Rural y Emprendimiento, y Cooperación al Desarrollo y Codesarrollo.
