José Luis Álvarez-Castellanos, Coordinador Regional de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, ha emitido esta mañana un análisis crítico sobre los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2.024, tras la comparecencia en la Asamblea Regional por parte de Luis Alberto Marín, consejero de Economía, Hacienda y Empresa.
El análisis detalla los puntos clave que el gobierno regional ha presentado en relación con la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa. Álvarez-Castellanos señala graves desequilibrios y falta de solidaridad en los ingresos y medidas fiscales propuestas. “Mientras se incrementa la recaudación tributaria del IRPF y el IVA, que han aumentado las entregas a cuenta a través del Sistema de Financiación Autonómica incrementando esta financiación en 675,3 millones de euros, hasta los 4.823,6 millones, se observa un tratamiento privilegiado a las rentas del más altas e insolidario a través de exenciones fiscales.” Detallando que se debe principalmente a la “práctica supresión” del Impuesto de Patrimonio (-27 millones aproximadamente) y las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (-326 millones).
En el análisis, el portavoz de la formación regional de Izquierda Unida destaca la compensación de ingresos mediante el aumento de la financiación autonómica, contrastando con la reducción significativa (48%) de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y REACT-EU, diseñados para la recuperación postpandémica.
Asimismo, Álvarez-Castellanos menciona la discrepancia entre el déficit público planteado y las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), anticipando un aumento de la deuda que podría superar las estimaciones presupuestarias.
Se subraya la proporción considerable que la deuda pública representa en el gasto presupuestario, suponiendo “el tercer mayor gasto del conjunto del presupuesto tras Sanidad y Educación con 1.376 millones, alcanzando casi a uno de cada cinco euros de gasto.”
El análisis también resalta la falta de compromiso gubernamental para ejecutar las inversiones previstas, que “en los últimos años no ha alcanzado el 50% de ejecución lo que representa una merma importante en la inyección de fondos a la economía regional a través de la ejecución de contratos públicos”, y los recortes en subvenciones destinadas a entidades consultivas y de economía social, “las cuales reciben un recorte del 50% de las subvenciones destinadas a la CROEM, CCOO y UGT en compensación por su participación en los órganos consultivos de asesoramiento y participación que se contemplan en la ley de participación institucional de la Región de Murcia.” .
De esta manera, el dirigente de izquierdas ha criticado duramente que “una vez más el gobierno del PP se pliega a las exigencias absurdas y sin sentido, de la extrema derecha, tendentes a limitar la participación democrática de organizaciones representativas del mundo del trabajo.” Concluyendo que de igual manera, y de modo incomprensible, califica de despropósito el planteamiento de un recorte en las partidas dedicadas al apoyo de la economía social en lo referente a inversiones en empresas de economía social (-31,6%) y en subvenciones a socios trabajadores para financiar su aportación a empresas de economía social (-21%).
- El gobierno regional plantea un presupuesto desequilibrado e insolidario desde el punto de vista de los ingresos y de las medidas fiscales que incluye. Mientras el incremento en los ingresos se sustenta en una mayor recaudación tributaria del impuesto a las rentas del trabajo (IRPF) y del consumo (IVA) que han aumentado las entregas a cuenta a través del Sistema de Financiación Autonómica incrementando esta financiación en 675,3 millones de euros, hasta los 4.823,6 millones, las rentas del capital siguen teniendo un tratamiento fiscal privilegiado e insolidario a través de las exenciones fiscales que plantea el presupuesto, sobre todo por la práctica supresión del Impuesto de Patrimonio (-27 millones aproximadamente) y las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (-326 millones).
- Este incremento de ingresos compensa con creces la disminución en un 48% de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y REACT-EU, pertenecientes al Programa de Recuperación planteado por la UE tras la pandemia de la Covid-19 y como tales tenían un periodo de aplicación determinado.
- El presupuesto incluye un escenario irreal de déficit público al plantear un marco del 0,3% del PIB cuando la AIREF ya ha previsto que dicho déficit para 2024 será para la Región del Murcia del 1,4% del PIB, el mayor del conjunto de las CCAA, y del 2% a finales de 2023. Esta diferencia redundará en un incremento de la deuda que a mediados de este año ya alcanzaba los 12.070 millones, por lo que es previsible que en enero de 2024 se haya alcanzado ya e incluso sobrepasado la previsión de deuda que recogen el presupuesto para todo el año 2024.
- De esta manera, la deuda pública supone el tercer mayor gasto del conjunto del presupuesto tras Sanidad y Educación con 1.376 millones, alcanzando casi a uno de cada cinco euros de gasto.
- No hay un compromiso firme por parte del gobierno regional en ejecutar el total de las inversiones previstas que para 2024 ascienden a un total de 226 millones (capítulo 6 de gasto) que en los últimos años no ha alcanzado el 50% de ejecución lo que representa una merma importante en la inyección de fondos a la economía regional a través de la ejecución de contratos públicos. En conjunto con las transferencias de capital (capítulo 7 de gasto), que contienen fundamentalmente subvenciones de fondos europeos y estatales con carácter finalista, las inversiones totales alcanzan en torno a dos tercios de las previsiones.
- En otro orden de cosas, los presupuestos de la Consejería de Economía recogen un recorte del 50% de las subvenciones destinadas a la CROEM, CCOO y UGT en compensación por su participación en los órganos consultivos de asesoramiento y participación que se contemplan en la ley de participación institucional de la Región de Murcia. De esta manera, una vez más el gobierno del PP se pliega las exigencias absurdas y sin sentido, de la extrema derecha, tendentes a limitar la participación democrática de organizaciones representativas del mundo del trabajo.
- Igualmente, y de manera incomprensible, el presupuesto plantea un recorte en las partidas dedicadas al apoyo de la economía social en lo referente a inversiones en empresas de economía social (-31,6%) y en subvenciones a socios trabajadores para financiar su aportación a empresas de economía social (-21%)