La ambición de convertirse en una Comisión Europea verdaderamente digital todavía no es una realidad
Las normas de la UE no exigen el uso uniforme de herramientas informáticas comunes para proteger el gasto de la UE
Un panorama informático complejo, con muchos sistemas locales, múltiples bases de datos y portales, dificulta una gestión financiera eficiente
La Comisión Europea y todos los organismos responsables de la gestión de fondos de la UE se enfrentan a dificultades en lo que se refiere a la digitalización, según se desprende de un análisis publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal). Se han producido avances, pero la mejora de la interoperabilidad mediante la armonización de los diferentes sistemas informáticos y bases de datos resulta particularmente complicada. Puesto que múltiples organismos gestionan los fondos de la UE mediante una variedad de sistemas informáticos, en la actualidad es imposible realizar pruebas a gran escala, lo cual contribuiría a proteger los intereses financieros de la UE y a que las auditorías del gasto de la Unión fueran más eficientes, a juicio de los auditores.
La digitalización es una prioridad estratégica para la administración pública de la UE. En su Estrategia Digital de 2018, la Comisión Europea afirmó su objetivo de hacerse verdaderamente digital para 2022. Posteriormente, a mediados de 2022, se presentó una nueva Estrategia Digital, con acciones clave que debían completarse antes de que concluyera 2024.
«Si bien se han realizado progresos, algunas acciones clave se han enfrentado a retrasos significativos y a rebasamientos presupuestarios, y la digitalización sigue siendo un trabajo en curso», afirma Laima Liucija Andrikiene, miembro del TCE responsable del análisis. «Existen muchos sistemas informáticos para gestionar los gastos operativos con cargo al presupuesto de la UE. Es necesario armonizarlos y simplificarlos para mejorar la interoperabilidad y la transparencia. El hecho de que las normas de la UE no exijan el uso uniforme de herramientas informáticas comunes para proteger el gasto de la UE por parte de todos los Estados miembros y de todos los órganos de gestión dificulta la tarea».
La Comisión ha digitalizado sus sistemas para efectuar pagos a los Estados miembros. La digitalización se utiliza ampliamente para los pagos por superficie en la agricultura, por ejemplo. Sin embargo, los países de la UE utilizan diversas herramientas informáticas para gestionar la financiación de la cohesión y el desarrollo rural. Dado que, por lo general, estas herramientas no están integradas en los sistemas de la UE, no existen medios eficientes para intercambiar información útil sobre los beneficiarios de los fondos de la UE. Aunque la Comisión gestiona un portal en línea con información sobre los contratistas y beneficiarios de la financiación de la UE en el marco de los programas que gestiona directa e indirectamente, este no contiene información sobre los titulares reales últimos ni sobre los destinatarios finales de los fondos cuando el dinero es gestionado por organizaciones asociadas u otras autoridades dentro o fuera de la UE. La transparencia podría mejorarse considerablemente, y de este modo podría protegerse el presupuesto de la UE, mediante la introducción de un identificador único para los contratistas y los beneficiarios de los fondos de la UE a fin de poder realizar búsquedas en los diferentes instrumentos y sistemas, señalan los auditores.
Además, la utilización de la contratación electrónica ha sido desigual en el conjunto de los Estados miembros. Asimismo, la información de los países de la UE en materia de transparencia sobre los contratistas y beneficiarios del gasto agrícola y de cohesión está muy fragmentada. Existe una única herramienta de prospección de datos y puntuación de riesgos para acceder a los datos pertinentes para la gestión de los fondos de la UE y analizarlos, pero su uso es actualmente opcional y, por tanto, no universal. La Comisión ha propuesto que esta herramienta sea obligatoria, así como ampliar sus disposiciones en materia de transparencia a la gestión de toda la financiación de la UE. Sin embargo, esto no entraría en vigor antes del próximo período de programación, que habrá de comenzar en 2028.