Se desconoce la cuantía total del dinero de la UE afectado por este problema.

Siguen sin tomarse medidas suficientes para mejorar la transparencia y proteger a los denunciantes.

Aunque existe un marco para prevenir y gestionar los conflictos de intereses en el gasto de la UE, hay lagunas en el fomento de la transparencia y en la detección de situaciones de riesgo. Así se desprende de un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) sobre el modo en que se aborda este problema en las políticas agrícolas y de cohesión, los mayores ámbitos de gasto de la UE.

«Teniendo en cuenta la legislación revisada y algunos casos recientes, queríamos verificar si la Comisión Europea y los Estados miembros abordaban adecuadamente los conflictos de intereses en la política agrícola común y en la política de cohesión», afirma Pietro Russo, miembro del Tribunal que dirigió la auditoría. «Constatamos que, pese a los esfuerzos desplegados para resolver el problema, persisten las lagunas. Para poder contar con datos claros sobre los importes afectados por conflictos de intereses, debería mejorar la notificación de casos concretos».

La normativa de la UE exige que todas las personas que intervienen en la gestión de los fondos de la UE (en la UE y en los Estados miembros) eviten cualquier conflicto de intereses que pueda derivarse de afinidad política o nacional, interés económico o cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal; cuando se identifique un conflicto de intereses percibido o real, la autoridad pertinente debe asegurarse de que la persona en cuestión cese toda actividad relacionada con el asunto.

En los Estados miembros, el método más empleado para prevenir y gestionar estas situaciones es la autodeclaración. No obstante, las declaraciones pueden resultar poco fiables y el cotejo de información dificultoso, debido a la falta de capacidad administrativa, a las normas de protección de datos y a las dificultades que en general plantea el logro de la transparencia plena. En los países examinados (Alemania, Hungría, Malta y Rumanía), las autodeclaraciones no eran obligatorias para los miembros del Gobierno que tomaban decisiones relativas a programas de la UE y a la asignación de los fondos correspondientes, aun cuando la reglamentación así lo exige explícitamente desde 2018. El uso de las declaraciones también está muy extendido en el ámbito de la UE, y se realizan algunos controles, especialmente respecto de las funciones sensibles. Sin embargo, puesto que las «puertas giratorias» (situación en que el personal pasa de un puesto de funcionario público a otro en el sector privado en el mismo ámbito) constituyen per se un riesgo de conflictos de intereses, los auditores consideran necesaria una gestión más activa de tales casos.

Según los auditores, las autoridades nacionales se centran primordialmente en detectar conflictos de intereses en la contratación pública, pero no siempre prestan suficiente atención a ciertas señales de alerta, como los numerosos procedimientos en los que no se da una adecuada competencia (por ejemplo, contratos negociados sin procedimiento de licitación o solicitantes vinculados con otras partes interesadas que participen en proyectos financiados por la UE). Por otra parte, aún no se han establecido medidas para los denunciantes, y muchos Estados miembros tardan en incorporar las normas para la protección de quienes denuncian incumplimientos de la legislación de la UE.

Si bien las fuentes accesibles al público (enlaces a sitios web nacionales y regionales en los que figuran los beneficiarios de la financiación agrícola y de cohesión de la UE, y la plataforma digital Kohesio de la Comisión) actualmente no contienen información sobre los beneficiarios últimos que se encuentran tras las personas jurídicas, en el nuevo período de programación de cohesión (2021-2027) será obligatorio divulgar esta información en los sistemas de gestión y de control de los países de la UE. A partir de 2023, los beneficiarios de financiación agrícola tendrán que facilitar información sobre los grupos de empresas en los que participan.

Tampoco hay información públicamente disponible sobre el grado en que los conflictos de intereses afectan a la gestión compartida del gasto de la UE, ni indicadores que midan la frecuencia y la magnitud del problema. No se notifican todas las irregularidades, como, por ejemplo, cuando el importe afectado es inferior a 10 000 euros o estas son detectadas y corregidas en el Estado miembro antes de que se haya solicitado el dinero a la Comisión.