Las cinco sentencias del Tribunal Supremo a las que apela Ribera en ningún momento determinan la cantidad exacta de caudales ecológicos para el Tajo

El Consejo de Estado se reúne hoy para abordar el dictamen del proyecto de real decreto de revisión de los 12 planes hidrológicos (2022-2027), que incluye la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo. De este modo, una vez analizadas las alegaciones presentadas, el Consejo de Estado emitirá un informe sobre el Plan del Tajo, que de resultar favorable pasará la semana próxima por el Consejo de Ministros para su aprobación. Una resolución que supondrá una reducción considerable en el suministro de agua, proveniente del trasvase Tajo-Segura, al levante español.

Con la aprobación del plan quedará impuesto el incremento de los caudales ecológicos del Tajo que pasarían de 6m3/s a 8,63m3/s, de modo que el volumen medio de aportaciones del Trasvase Tajo-Segura se reducirá en 78 hm3/año. Una merma que se acrecentará con las transferencias previstas para el abastecimiento de la llanura manchega desde el acueducto Tajo-Segura. Datos que permiten al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS) augurar la pérdida anual de 103,5 hm3 del suministro de agua asociada al Trasvase. 

Por otro lado, cabe destacar que el Plan del Segura aborda la reducción de explotación prevista para las aguas subterráneas procedentes de masas, lo que pone en riesgo el buen estado cuantitativo del conjunto de las aguas subterráneas de la demarcación. De este modo, un total de 213,2 hm3/año procedentes de aguas subterráneas tendrían que dejar de ser objeto de aprovechamiento en el año 2027, conforme queda reflejado en el Plan.

Si en la actualidad, el déficit total de aplicación de recursos en la cuenca, según el Plan del Segura, se cifra en 96,4 hm3/año, en el año 2027 podría alcanzar los 287 hm3/año (considerando la limitación al aprovechamiento de aguas subterráneas y los incrementos procedentes de las desaladoras). Asimismo, a esta última cifra habría que sumar los recortes advertidos en los volúmenes medios que dejen de transportarse por Trasvase Tajo-Segura (103,5 hm3/año), lo que dejará el déficit en el año 2027 en un total de 390,5 hm3/año.

¿Qué supone esto en términos sociales y económicos?

La aprobación de este plan contemplaría los siguientes escenarios: la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable; la desaparición de más de 15.000 empleos; reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros; la eliminación de sumideros de CO2 de los cultivos vinculados a los regadíos existentes. Y un incremento del precio del agua de boca que paga el consumidor, como resultado de una mayor dependencia del agua desalada (más cara y contaminante).

 ¿Qué avala u obliga a fijar unos caudales ecológicos para 2027 en 8,63m3/s siendo que ahora estamos en 6m3/s?

Según afirma Isabel Caro-Patón Carmona (socia de Menéndez & Asociados Abogados), especialista en derecho de recursos naturales, energía y aguas, en esta entrevista de IAgua no existen requisitos técnicos que garanticen que el aumento de los caudales ecológicos suponga la mejora de las aguas del río Tajo, sino que esa mejora depende de otros factores, relativos fundamentalmente a los efluentes de las aguas depuradas que alcanzan ese cauce. Por otro lado, tampoco tienen cabida los requisitos jurídicos, ya que las cinco sentencias del Tribunal Supremo, a la que apela Teresa Ribera, solo obligan a la fijación de caudales ecológicos, pero en ningún momento determinan su cantidad exacta.

Cuestiones que ponen de manifiesto que este recorte que sumirá al levante español en un escenario inasumible, viene implementado por una decisión tomada en base a criterios meramente políticos y territoriales, carentes de respaldo técnico y jurídico, que pretende acabar con el Trasvase Tajo Segura por “la puerta de atrás”.