Según un nuevo informe especial que hoy publica el Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal), las políticas de la UE no pueden garantizar el uso sostenible del agua por parte de los agricultores. El impacto de la agricultura en los recursos hídricos es importante e innegable, pero los agricultores se benefician de demasiadas exenciones de la política de aguas de la UE, lo cual dificulta los esfuerzos por garantizar un uso razonable del agua. Además, la política agrícola de la UE fomenta y, con demasiada frecuencia, apoya un mayor uso de agua, pero no más eficiente

Los agricultores son grandes consumidores de agua dulce: una cuarta parte de la captación de aguas en la UE corresponde a la agricultura. Las actividades agrícolas repercuten tanto en la cantidad de agua como en su calidad (por ejemplo, contaminación causada por abonos y plaguicidas). El actual enfoque de la UE para la gestión del agua se remonta a la Directiva marco sobre el agua (DMA) del año 2000, que introdujo políticas relativas al uso sostenible del agua. En ella se fijaba el objetivo de lograr el buen estado cuantitativo de todas las masas de agua de la UE. La política agrícola común (PAC) también desempeña un papel importante en la sostenibilidad del agua: ofrece instrumentos que pueden contribuir a aliviar la presión sobre los recursos hídricos, como la vinculación de los pagos a la adopción de prácticas más ecológicas y la financiación de infraestructuras de riego más eficientes.

«El agua es un recurso limitado, y el futuro de la agricultura de la UE depende en gran medida de que los agricultores la utilicen de manera eficiente y sostenible» afirma Joëlle Elvinger, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. «Sin embargo, hasta la fecha, las políticas de la UE no han contribuido suficientemente a la reducción del impacto de la agricultura en los recursos hídricos».

La DMA establece garantías contra el uso no sostenible del agua, pero los Estados miembros conceden numerosas exenciones a la agricultura al permitir la captación de aguas. Los auditores constataron que se conceden con gran generosidad a los agricultores estas exenciones, incluso en regiones con estrés hídrico, mientras que algunas autoridades nacionales apenas imponen sanciones cuando detectan usos ilícitos de agua. Pese a que la DMA también exige a los Estados miembros que asuman el principio de «quien contamina paga», el agua sigue siendo más barata si se utiliza para la agricultura, y muchos Estados miembros todavía no aplican a la agricultura el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua como lo aplican en otros sectores. Los auditores señalan que a los agricultores no se les factura el volumen real de agua que utilizan.

Las ayudas de la UE en virtud de la PAC destinadas a los agricultores no están supeditadas al cumplimiento de las obligaciones que fomentan el uso eficiente del agua; de hecho, algunas de estas ayudas se conceden a cultivos intensivos en agua, como el arroz, los frutos de cáscara y las frutas y hortalizas, incluso en zonas con estrés hídrico. Además, los auditores constatan que el mecanismo de condicionalidad de la PAC (vinculación entre los pagos y determinadas obligaciones medioambientales) apenas tiene repercusión. Los requisitos no son aplicables a todos los agricultores y, en cualquier caso, los Estados miembros no llevan a cabo controles suficientes ni comprobaciones adecuadas para disuadir realmente del uso no sostenible del agua.

La PAC, además de otorgar pagos directos, financia inversiones de los agricultores y prácticas agrícolas, tales como las medidas de retención del agua, que pueden tener un impacto positivo en el uso del agua, pero los agricultores no suelen aprovechar esta posibilidad, y los programas de desarrollo rural raramente apoyan las infraestructuras de reutilización del agua. La modernización de los sistemas de riego existentes tampoco implica siempre un ahorro general de agua, ya que el agua ahorrada puede redirigirse a otros usos, como, por ejemplo, cultivos más intensivos en agua o el riego de una superficie mayor. Asimismo, la instalación de nuevas infraestructuras de riego que amplíen la zona de regadío probablemente incremente la presión sobre los recursos de agua dulce. En general, los auditores afirman que, sin duda, la UE ha financiado explotaciones y proyectos agrícolas perjudiciales para el uso sostenible del agua.