Ciudadanos se ha propuesto renovar el régimen fiscal que regula a las cooperativas, “una norma que data de 1990 y que ha quedado obsoleta en muchas cuestiones, lo que conlleva desde hace tiempo la necesidad de acudir a los tribunales para dilucidar conflictos interpretativos”, ha explicado el portavoz del grupo parlamentario de Cs en la Asamblea Regional, Juan José Molina. La formación ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para modificar y actualizar la actual ley, “algo que beneficiaría directamente a las más de 1.500 cooperativas existentes en la Región, que es además la comunidad autónoma con más cooperativas por habitante (103) según los datos del Ministerio de Trabajo de diciembre del 2019.

La propuesta de la formación liberal incluye una actualización de la ley, que incluso denomina todavía en pesetas algunas valoraciones de terrenos. Esta actualización también pretende acabar con los posibles conflictos con normativas autonómicas desarrolladas con posterioridad. Además, se pretende aclarar la figura del asociado o socio colaborador, que está reconocida en nuestra legislación común, pero sobre la cual la Dirección General de Tributos viene haciendo una interpretación muy restrictiva, negando la posibilidad de aplicación del régimen fiscal de especial protección a las cooperativas que cuenten con este tipo de socios en sus estatutos.

Molina considera que “actualmente no tiene justificación que las cooperativas agroalimentarias puedan tener asociados o socios colaboradores, y otras -como las de trabajo asociado- no tengan la posibilidad de contar con esa forma de financiación”, un agravio comparativo teniendo en cuenta el peso que las de trabajo asociado tienen sobre el total de cooperativas españolas. El portavoz naranja ha recordado que en la Región existen numerosas cooperativas de trabajo asociado que también se beneficiarían de la modificación propuesta por Ciudadanos.

Pese a estos notables anacronismos, el Gobierno de Sánchez vetó recientemente en el Senado una proposición de ley que pretendía modificar la ley para acabar con la incoherencia e injusticia de mantener un requisito limitativo de la posibilidad de acogerse al régimen fiscal de especial protección basándose en una valoración económica de terrenos que lleva sin actualizar desde hace treinta años.