En los últimos años, de 2008 a 2016, en España padecimos una gran crisis financiera, social y de valores que conllevó a la destrucción masiva de puestos de trabajo, con un modelo económico, centrado principalmente desde 1996, en el sector de la construcción y en el sector servicios, que fueron financiados alegremente por nuestros Bancos y Cajas, y que se caracterizó por empleos temporales de baja remuneración y escasa cualificación formativa y profesional, y en el que se abandonaron otros sectores productivos clásicos, como la agricultura y la industria para reorientarse, en la mayoría de los casos, en el desarrollo del negocio inmobiliario y de la restauración.
A partir de 2017 y durante 2018 repuntó la actividad económica española ligeramente, debido al buen comportamiento del turismo y a la mejora de la competitividad de las empresas españolas frente al exterior, así como a la estabilización del sector de la construcción y el agroalimentario después de años de fuerte caída. La tendencia alcista de la economía se estaba manteniendo con una ligera desaceleración durante 2019 y parece que iba a mantenerse así en desaceleración, pero todavía con cifras de crecimiento positivo durante 2020 y que sería el año 2021 el de estancamiento económico y el 2022 el del comienzo de la recesión.
Pero en marzo de 2020 nos llegó la crisis sanitaria, económica y social motivada por el virus conocido como COVID-19, que de un plumazo y en apenas tres meses ha puesto a nuestra economía en fuerte recesión, al igual que a otras muchas europeas y del mundo. Pero el impacto en España va a ser mayor que en ninguna otra economía europea por varias razones como son que la crisis nos ha pillado en desaceleración económica, que la crisis va a impactar en el sector del turismo que era donde teníamos el mayor nivel de competitividad del mundo, que nos va impactar en la producción automovilística que movía casi el 40% de la producción industrial tecnológica de España y en el sector de la distribución con el quebranto que ello supondrá para el sector de los servicios.
Si España y los españoles queremos realmente superar esta crisis y salir fortalecidos de ella, teniendo en cuenta que la Unión Europea va a poner a disposición de nuestro país más de 300000 millones de euros y que con ellos se podrían crear como mínimo 6000000 puestos de trabajo nuevos fijos y bien remunerados en un periodo no superior a tres años, debemos iniciar ya una serie de actuaciones dirigidas básicamente a corregir los errores del pasado producidos fundamentalmente por: las deficiencias del sistema educativo universitario (ninguna universidad española está entre las 100 mejores del mundo); la escasa inversión en actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en todos los sectores (agricultura, industria, construcción y servicios); la falta de planificación social y económica; la falta de políticas reales que fomenten la natalidad; la desprotección social de los niños, jóvenes y mujeres a las que no se les ofrecen medidas reales para conciliar su vida personal, familiar y laboral; la falta de sensibilidad hacia nuestros ancianos y personas con discapacidad; la falta de previsión de unos flujos migratorios controlados adecuadamente hacia las necesidades reales de recursos humanos exteriores de nuestra economía y por elevado gasto superfluo en operaciones corrientes como gastos de personal eventual (nombrado a dedo por los políticos), los elevados costes en gastos y subvenciones corrientes, que desde 1982 con independencia del color político de los gobiernos de turno, siempre se han caracterizado la planificación económica española.
Desde Contigo Somos Democracia, el nuevo partido del centro democrático español, proponemos una serie de medidas a adoptar para evitar que nuestra economía, a pesar de la gran inyección de liquidez que estamos ya recibiendo y vamos a recibir de Europa en los próximos 24 meses, caiga en picado y tengamos que ir a una recuperación lenta y agónica que nadie desea.
Las medidas a implementar y que consideramos urgentes de incluir desde ya en la agenda de nuestro gobierno y del resto de partidos que realmente quieran el bienestar de nuestra población y el progreso internacional de España son:
Sentar las bases para un empleo juvenil digno a través de la creación y puesta en marcha de un plan en pro de un trabajo estable y bien remunerado con todos los derechos desde el primer día para nuestros jóvenes, que les permita lograr una independencia personal y financiera que hoy en día hasta los 32 años de media no tienen. Y, para conseguirlo, hay que intensificar previamente las acciones contra el fraude en la contratación, contra los autónomos ilegales y llevar a cabo programas de formación y de inserción laboral acordes a las necesidades reales de contratación de las empresas. Por otro lado, hay que normalizar los derechos laborales y sociales de los becarios y jóvenes investigadores para dotarles de los adecuados recursos económicos y materiales, con los que potenciar su éxito y la eficacia de sus actuaciones de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
Impulsar un voluntariado juvenil que desemboque en un empleo fijo en el seno de dichas organizaciones u ONGs que, en determinadas ocasiones, ocultan la prestación de trabajo que debería ser remunerado en una especie de favor no retribuido que ellas hacen a quienes de buena fe les dedican su tiempo libre, así como promocionar la participación y el asociacionismo juvenil como modelo cultural alternativo basado en la defensa de los derechos humanos, la cooperación y la solidaridad.
Apoyo específico a las PYMES y autónomos creadores de gran parte del empleo en España, mediante un plan de incentivos (con apoyo especial para primer emprendimiento y para mayores de 50 años) que supongan una reducción sustancial de los impuestos, tasas y licencias, zancadillas burocráticas, y demás vicios neo administrativos que gravan y ralentizan innecesariamente el ejercicio del emprendimiento, y bonificando de forma clara la creación de empleo por estos colectivos, así como su asociacionismo para crear estructuras de organizaciones más competitivas de cara a la internacionalización y competitividad de las mismas. También se debería incentivar el uso de la industria 4.0 y de la tecnología 5G.
Se debería cambiar el sistema energético nacional en aras a hacer de España el país líder del mundo en producción y comercialización de energías renovables y en el respeto del medio ambiente y la biodiversidad. Debería también potenciarse la agricultura y pesca ecológica y la biotecnología como nueva fuente de industrialización de nuestro país.
Una Formación Profesional adaptada a la realidad y que posibilite un alta cualificación, con una conexión directa entre centros de educación y el mundo empresarial como motor generador de empleo.
Aprovechamiento efectivo de nuestra posición geográfica, cultural e histórica para que España sea realmente la plataforma logística y de conexión entre Europa e Iberoamérica, mediante la firma de convenios multilaterales de libertad de circulación de mercancías, capitales y personas. Promoviendo la creación de un espacio de ciudadanía iberoamericana entre España y Portugal y el resto de las naciones iberoamericanas. Ya en octubre de 2018 durante el V Foro de Juristas Iberoamericanos se ahondó en este concepto de ciudadanía iberoamericana, que fue objeto de unánime aceptación y que quedó plasmado en la declaración de Salamanca de ese mismo mes y año.
Cambiar la forma de presupuestación del gasto público y que prime el gasto en operaciones de capital (que son las que generan realmente riqueza y empleo a medio y largo plazo), sobre el gasto en operaciones corrientes que es un gasto cortoplacista y en la mayoría de los casos de pan para hoy y hambre para mañana.
Reducir considerablemente el número de políticos con el correspondiente séquito que hay en España, así como el elevado número de estos aforados ante los tribunales.
Cumplir a rajatabla con la Ley de Transparencia en el sector público y creación de tribunales anticorrupción cuyos miembros gocen con todas las garantías de imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones con cargos muy bien remunerados y vitalicios y que además sean elegidos solo por los propios jueces y magistrados sin ningún tipo de injerencia del poder político.
Establecer la cultura de la calidad, el esfuerzo y la honradez como eje del crecimiento económico sostenido y de la competitividad. Así por ejemplo cumplir con el mandato constitucional de que el acceso a la función pública se haga con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Incrementar sustancialmente los recursos financieros y los medios técnicos y humanos de colectivos esenciales de funcionarios como: personal docente, sanitario, investigador, servicios sociales, justicia, hacienda, seguridad social, prisiones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas.
Reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales de tal forma que todos los ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y por supuesto obligaciones con independencia de nuestro lugar de residencia. Para ello, hay que abordar seriamente el cierre competencial entre administraciones públicas y reorganizar las funciones de unas y otras evitando el elevado gasto por duplicidades que se da en España.
