CROEM considera que la reforma de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia es fundamental en unos momentos en los que la crisis sanitaria y económica obliga a impulsar la actividad económica y empresarial para generar riqueza y empleo.
Tras la presentación del Decreto-Ley de Mitigación del Impacto Socioeconómico de la COVID-19 a treinta organizaciones empresariales, así como a Cámaras de Comercio, colegios profesionales y COAG-IR (todas ellas integradas en la Comisión de Planificación Ambiental que coordina CROEM), la valoración del sector empresarial es positiva por cuanto supone no solo avanzar en simplificación administrativa sino también unificar criterios que aportan más seguridad jurídica, eliminan duplicidades y propician más colaboración entre las Administraciones Públicas.
Esta reforma ha sido muy demandada por los empresarios como continuadora de las leyes de 2017 y de 2018 de simplificación administrativa y de aceleración de la transformación del modelo económico regional. De hecho, tendría que haber salido adelante con anterioridad a la pandemia, pero una vez más se demuestra que los tiempos de la política poco tienen que ver con los de la realidad empresarial y económica.
Además, la modificación de la ley permite agilizar los plazos de los procedimientos de evaluación ambiental e impulsar la autonomía local y el desarrollo de los municipios, cuestión fundamental por cuanto permitirá a los ayuntamientos con capacidad para ello tener competencias como órgano ambiental y contar con sus propios instrumentos urbanísticos de desarrollo. De esta manera, se podrá agilizar la resolución de expedientes sin depender de la Administración regional. Los entes locales tienen ahora la capacidad de impulsar la creación de riqueza y empleo y, al mismo tiempo, evitar la despoblación rural característica de algunos territorios.
Otras cuestiones clave que merecen ser reconocidas por cuanto servirán de acicate al desarrollo económico regional son, por ejemplo, que las actividades que dispongan de autorización ambiental y que soliciten una ampliación que no suponga modificación sustancial recibirán la autorización en un plazo de 30 días. Esto supone mayor seguridad jurídica y agilización de plazos, o dicho de otra forma, cumplir con la legislación ambiental sin que el tejido productivo regional pierda competitividad.
Ahora no será necesaria una nueva evaluación ambiental para modificación de proyectos ya evaluados si no se superan el 30% (la ley anterior fija el máximo en el 15%) de materias primas, residuos, emisiones o vertidos y que no afecten a la Red Natura 2000 o al patrimonio cultural. Hay que tener en cuenta que el Decreto presentado que modifica la ley se refiere a proyectos e instalaciones que ya pasaron por un proceso de evaluación y autorización ambiental. La legislación estatal sobre procedimientos de evaluación ambiental, vigente desde hace más de treinta años, no regula un parámetro cuantitativo sobre incrementos y sus efectos adversos sobre el medio ambiente, sino que lo deja a criterio de las comunidades autónomas, por lo que ese incremento del 30% está justificado.
De hecho, con esta modificación la administración ambiental ajusta el procedimiento de evaluación a la realidad territorial de la Región de Murcia y lo hace con fundamento jurídico, sin extralimitaciones, y dotando así, por un lado, de mayor seguridad jurídica a la tramitación de proyectos sometidos a evaluación ambiental y, por otro, de mayor competitividad frente a otros territorios colindantes.
Otro aspecto clave del nuevo Decreto-Ley es la creación de una plataforma online para la tramitación de proyectos para las administraciones públicas y promotores del mismo. De esta forma se comparte –siempre confidencialmente- toda la información del proyecto y se puede conocer en tiempo real tanto la fase del procedimiento como en qué administración pública se encuentra el expediente. Es innegable el ahorro de tiempo y costes para las empresas.
Tras conocer la modificación de la ley, CROEM subraya las ventajas que ofrece y la prevalencia del principio de seguridad jurídica que garantiza los proyectos de inversión y de continuidad de una empresa desde el respeto a la protección ambiental.
Asimismo consideran que los proyectos de inversión o de simple conservación y modernización no pueden estar condicionados por plazos más o menos perentorios o por criterios basados en la discrecionalidad subjetiva de quien tenga que ejercer el control. Esto sería, al contrario, un factor disuasorio de iniciativas empresariales.
Por todo lo dicho, para CROEM el Gobierno regional ha realizado un ejercicio de compromiso y responsabilidad con la modificación de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia. Las medidas que contempla permitirán acelerar la reactivación económica y que las empresas cuenten con más instrumentos para volver a la normalidad y seguir creando riqueza y empleo en un contexto en el que el sector privado debe protegerse al máximo.
