La pandemia del COVID‐19 es una emergencia de salud pública, que está afectando también severamente a la actividad económica de toda la cadena de valor de la industria de la construcción, cuya producción bruta representa un 10% del PIB, y emplea a 1.265.00 personas trabajadoras.
Constatando esta realidad el Decreto‐Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID‐19, contempla la voluntad legislativa de que la actividad constructiva se mantenga salvo que como consecuencia de las limitaciones derivadas de la declaración de estado de alarma aquella resulte imposible, y en este marco se viene desenvolviendo el sector de la construcción, compatibilizando los trabajos a desarrollar con las nuevas y rigurosas medidas de prevención, de seguridad y de salud; medidas que sin duda hacen más compleja la ya de por si complicada organización de una obra.
En este contexto de necesidad de continuar con la actividad constructora, las empresas se encuentran enormemente afectadas en sus ritmos de producción, que pueden devenir en posibles incumplimientos de contratos, cancelaciones, suspensiones o penalizaciones. Para mitigar todos estos posibles impactos y en plena colaboración con el Gobierno de la Nación, consideramos conveniente solicitar que además de las propuestas de carácter general ya anunciadas, utilizar todas las medidas de flexibilidad en relación con el desarrollo de los contratos, tanto en lo que se refiere a la posibilidad de suspender, reducir o prorrogar la actividad de las obras en curso, sin penalizaciones, durante el tiempo necesario, si la empresa tuviera dificultades para cumplir con las medidas requeridas de salud y seguridad para los trabajadores y/o si no puede desarrollar la actividad debido a la interrupción de suministros o la escasez/falta de personal a raíz del COVID‐19.
Tal flexibilidad sería aplicable a todas las obras, públicas o privadas, permitiría una prórroga de la duración de las mismas y destinar recursos específicos para cubrir los costes adicionales (generales, extras, de seguridad y salud, de organización y reprogramación, etc.) generados.
Ayudaría a estos fines reconocer que la pandemia del COVID‐19 es un caso de “Fuerza Mayor”, como solicita a la Comisión Europea la Federación de la Industria Europa de la Construcción, y que tiene que ser tratado conforme a esto para preservar empleos, evitar consecuencias negativas derivadas y evitar paralizaciones definitivas.
