Dentro de cinco años, la economía colaborativa generará cerca de 335.000 millones de dólares según las previsiones de PricewaterhouseCoopers. Se calcula que, para entonces, el medio centenar de organizaciones que operan actualmente en España bajo este modelo se habrán multiplicado. Entre otras razones, este incremento se debe a que el número de usuarios de este sistema no deja de crecer. A pesar de que comenzó siendo una actividad casi residual, el estudio «Monográfico sobre la economía colaborativa» elaborado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) afirmaba ya el año pasado que el 57 % de los españoles había utilizado alguna plataforma en línea de economía colaborativa en los últimos doce meses. El porcentaje de quienes tenían intención de utilizarlas en el futuro era aún mayor: alcanzaba el 60 %.

Las cifras evidencian que este sistema, que nació hace una década y que consiste en que plataformas digitales faciliten el intercambio de bienes y servicios entre sus usuarios con recompensas monetarias o sin ellas, ha llegado para quedarse y transformar el mercado. Sin embargo, según los expertos está generando algunas controversias que pueden afectar a su desarrollo. «En primer lugar, se observa que estas plataformas en línea se van apropiando, de una forma creciente, del grueso del valor que generan en el intercambio. Y al mismo tiempo, también acaban modificando la naturaleza y las características de ese intercambio debido a que se difumina parte de la percepción de comunidad, de la sensación de reciprocidad y de lo que es realmente un intercambio entre particulares, hasta el punto de que en algunos casos de lo que hablamos es de economía pseudocolaborativa», afirma Josep Lladós, profesor agregado de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.

Según el profesor de la UOC, estos no son los únicos puntos que generan posturas encontradas respecto a este sistema. La aparición de una cierta competencia desleal por el intrusismo de algunas empresas que desde estas plataformas ofrecen servicios como si fuesen un particular o el hecho de que algunos de los mercados en los que actúan las plataformas estén regulados mientras a estas apenas se les aplica regulación alguna son otras controversias que lo rodean. Además, preocupan otros aspectos que están en el punto de mira casi desde la aparición de la economía colaborativa: la protección de los datos que los usuarios del servicio ceden a las plataformas o los derechos laborales de quienes proveen de estos servicios son algunos ejemplos. Por eso los expertos advierten que cada vez es más evidente que resulta necesario regular urgentemente esta actividad.

Cómo puede regularse

La escasa regulación que se ha desarrollado hasta la fecha se ha basado sobre todo en la experimentación, llevando a cabo una regulación de caso por caso, explica el profesor Lladós. De hecho, una de las complejidades que debe abordarse es cómo puede regularse una actividad que afecta a administraciones de ámbitos competenciales muy distintos, tanto estatales como regionales e incluso locales. Por otra parte, se trata de actividades tan innovadoras que la legislación tiende a actuar a remolque, y en ocasiones de forma poco efectiva. «Son innovaciones que se sustentan en el uso de plataformas y muchas veces mediante aplicaciones que cuando tienen éxito se desarrollan a una gran velocidad y captan gran parte del mercado pero que a la vez afrontan una competencia potencial muy intensa, de modo que muchas veces la Administración acaba intentando regular una realidad que ya no existe», explica el profesor de la UOC.

Para lograr resolver estos problemas, en opinión del profesor Lladós, toda regulación tiene que cumplir al menos cuatro premisas básicas:

- Incentivar estos tipos de innovación por los beneficios económicos y sociales que generan.

- Ser visible para garantizar una mayor transparencia en el mercado y que los aspectos que generan más dudas, como la fiscalidad, sean más fáciles de afrontar por parte de la Administración.

- Distinguir los tipos de servicios que se ofrecen en las plataformas, ya que —como explica Josep Lladós— «no todos son servicios profesionales, tienen un objetivo de lucro ni tampoco responden a una finalidad comercial, por lo que no generan graves distorsiones económicas».

- Orientar estos tipos de actividades de manera que se dirijan prioritariamente al interés social y a las áreas donde puedan lograrse los impactos económicos más favorables.