José María Rodríguez, portavoz de IU-Verdes de Cieza, subraya que el resultado del debate en el Congreso de los Diputados configura una ley que mejora sustancialmente la aprobada en el año 2007, y aunque se queda insuficiente, resulta una síntesis de las propuestas realizadas por parte de los diferentes grupos políticos de la cámara.

IU-Verdes de Cieza valora de forma positiva la aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley de Memoria Democrática. Su portavoz, José María Rodríguez, ha destacado que "el resultado del debate ha configurado una ley que avanza en muchos aspectos con respecto a la anterior ley, y supone el resultado final una síntesis de las distintas propuestas presentadas, aunque nos hubiera gustado que se hubiera incluido la derogación de la ley de amnistía de 1977".

De entre los aspectos más significativos de la ley, el portavoz ha destacado "el repudio y la condena en la ley del golpe de estado militar del 18 de julio de 1936, la posterior dictadura franquista y la declaración de su ilegalidad", reconociéndose como víctimas a las comunidades, lenguas y culturas que fueron perseguidas por el franquismo.

También, "la declaración de ilegalidad y nulidad de pleno derecho de cualquier tipo de condena por causas políticas, ideológicas o de conciencia durante el régimen franquista, con independencia de su naturaleza jurídica".

Asimismo, "el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, que se concreta en conocer los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido y, en su caso, a la localización e identificación de las personas desaparecidas, a la exhumación y a la sepultura digna sufragada con fondos públicos.

Por otra parte, tras la insistencia del grupo parlamentario de Unidas Podemos para que se incluyera, se contempla "el derecho a reclamar la reparación económica por parte de las víctimas del franquismo" y, en especial, las que fueron obligadas a trabajar de forma forzosa en beneficio de personas jurídicas de carácter privado, así como establecer el derecho al resarcimiento por los bienes incautados por la dictadura".

Otro de los aspectos destacables es "la garantía de acceso a los archivos públicos y privados sostenidos con fondos públicos, así como la recuperación, defensa y conservación del patrimonio documental".

Otro aspecto destacable es "la definición de los símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática", con un procedimiento para su retirada o eliminación, así con un completo régimen sancionador que haga efectivas estas previsiones, algo que no contemplaba la ley de 2007 y que provocó en gran medida su fracaso.

Igualmente, se contempla "la retirada de reconocimientos, honores, distinciones, condecoraciones y recompensas que comporten una exaltación de la dictadura o concedidos a personas que hayan formado parte de sus aparatos represivos".

Otro punto destacable es "la inclusión en los contenidos curriculares educativos la historia y la memoria democrática española".

También, se establece una "red de lugares de memoria democrática" con una detallada protección y dotados para su más amplia difusión. En este sentido se recupera el Valle de los Caídos para su gestión directa por parte de Patrimonio Nacional y su resignificación para convertirse en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo con la nueva denominación de Valle de Cuelgamuros.

De igual manera, se otorga la nacionalidad española a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros y a aquellos a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen por la anterior ley de memoria de 2007, gracias a una iniciativa promovida por UP en el senado. Se reconoce el derecho a la nacionalidad de los descendientes de los brigadistas internacionales.

Por otro lado, tras el debate parlamentario, se ha acordado crear un centro de memoria democrática que cuente con participación de los movimientos sociales y que sea un referente de los que ya existan o se pudieran crear. En este sentido seguiremos insistiendo en la importancia del que se ha propuesto en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.

Finalmente, Rodríguez, reconoce la inmensa labor del movimiento memorialista, que lleva muchos años trabajando para que se haga efectiva la Verdad, la Justicia y la Reparación de las víctimas del franquismo, y que ha luchado para incluir avances en esta ley. Y declara que la Ley de Memoria Democrática, aunque insuficiente por no derogar la ley de amnistía de 1977, supone "un paso adelante para consolidar las políticas de memoria democrática en España, tras el fracaso de la denominada 'Ley de Memoria Histórica' de 2007, que quedó muy pronto sumida en la inoperancia por el sabotaje de los gobiernos del PP, que se negaron a aprobar su desarrollo reglamentario e impidieron su ejecución a nivel autonómico y municipal allí donde pudieron".