José María Rodríguez, portavoz de IU-Verdes de Cieza, alerta de que el tiempo medio de tramitación de un expediente en la comunidad murciana es de 573 días y ha aumentado un 12% el porcentaje de personas en espera respecto de 2020.
IU-Verdes de Cieza, tras analizar el último Observatorio de la Dependencia, ha denunciado que la ley se incumple sistemáticamente. En concreto, la lista de espera se incrementó en el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia un 6,72% el pasado año. En este sentido, su portavoz, José María Rodríguez, ha precisado que el tiempo medio de tramitación de un expediente en la comunidad murciana es de 573 días, frente a los 421 días de media en el conjunto del estado y aunque la normativa estatal fija en seis meses el tiempo máximo. Asimismo, ha aumentado un 12% el porcentaje de personas en espera respecto de 2020.
Rodríguez ha recordado que la Ley de Dependencia, que fue aprobada en diciembre de 2006 durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, en su disposición final primera, fija la barrera de demora en las tramitaciones que se tiene que evitar superar en el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia de seis meses, independientemente de que la administración competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones.
"Pero la ley se incumple sistemáticamente", precisa el portavoz de IU-Verdes de Cieza, ya que según el último Observatorio de la Dependencia, que anualmente elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en trece de las diecisiete comunidades autónomas los expedientes tardaron mucho más de seis meses en ser resueltos durante 2021, el primer ejercicio tras el zarpazo más duro de la pandemia. Desde que se publican estas cifras, la mejora ha sido muy tímida. En 2020 y 2019, los plazos de resolución se situaban en 430 y 426 días, respectivamente. Y, en ambos casos, fueron quince los territorios que superaban ampliamente la barrera fijada en la normativa estatal.
Por otra parte apunta Rodríguez- el sistema de dependencia sufrió, a golpe de recortes en plena crisis económica, una "fase de parálisis y retroceso generalizado", de la que comenzó a recuperarse a mediados de 2015. Pero en 2019 comenzó a retroceder nuevamente. Y así siguió en el año negro de la pandemia. Ahora, sin embargo, parece haberse iniciado otra vez un periodo de recuperación. Una activación que desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales atribuyen a la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia 2021-2023, el acuerdo nacido al calor del diálogo con los interlocutores sociales al que Gobierno en concreto, el Ministerio de Derechos Sociales y comunidades autónomas dieron luz verde hace poco más de un año y que contempla una inversión de 3.600 millones de euros en el sistema.
El tijeretazo acumulado en dependencia por la Administración General del Estado asciende a 6.321 millones de euros desde 2012. Unos recortes que el Gobierno de coalición PSOE/UP se ha encargado de comenzar a revertir con un incremento importante de la partida destinada a la dependencia.
Rodríguez ha concluido señalando que el informe del Observatorio de la Dependencia también destaca que la actividad asistencial sigue sin recuperarse totalmente de los efectos de la crisis del coronavirus.
