En palabras de María Jesús Fernández, miembro del Consejo de Coordinación de Podemos-Cieza, "nadie se atreve a negar hoy que la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, del año 2007, supuso un avance revolucionario en materia de igualdad en nuestro país". Entre otras medidas, se reconocía por vez primera en España el derecho jurídico a conciliar la vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres y, con este, la obligación de los poderes públicos de promover la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.
Sin embargo, esta obligación legal "ha sido desarrollada de modo muy escaso, primero por la crisis económica iniciada 2007, que mermó los recursos disponibles, y después por el gobierno de una derecha que nunca ha creído en la igualdad".
Con el actual gobierno de progreso, la garantía del derecho a la conciliación ha cobrado impulso renovado, y son conocidas las ampliaciones de los permisos de maternidad y paternidad que se han llevado a efecto. Menos conocida, pero igual de importante o incluso más, es la puesta en marcha del "Plan Corresponsables", una política pública que ha cubierto su primer año de implantación y "que tiene por objeto garantizar el cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres y desde un enfoque de garantía de derechos universales, al margen de la condición laboral de las personas beneficiarias, con una dotación cercana a los 200 millones de euros para 2021 y otros tantos previstos para 2022".
En definitiva, se trata de promover desde el poder público la transformación más difícil en pro de la igualdad, "un cambio cultural y actitudinal que la traslade de la letra de la ley a los microclimas familiares y que impregne las múltiples formas de microconvivencia que pueden darse en el hogar".
Junto con el objetivo genérico de sensibilizar en materia de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, "el Plan detalla y financia tres líneas de actuación concretas cuya ejecución compete a las comunidades autónomas: la creación de bolsas de cuidado profesional de niños y niñas menores de 14 años, fomentar el empleo de calidad en este sector y dignificar el trabajo de cuidados mediante la certificación de la experiencia informal, así como mediante el establecimiento de atención psicosocial y apoyo a las personas cuidadoras".
Podemos-Cieza exige a la Comunidad Autónoma transparencia en el uso de los fondos, pues se desconoce el destino de los 7 millones del 2021
Desde Podemos-Cieza "hemos de exigir a la Comunidad Autónoma de Murcia que rinda cuentas de en qué se han invertido los siete millones de euros que recibió del Estado en 2021 para desarrollar estas políticas, pues no hay rastro de ellas ni en los medios de comunicación ni en la propia web de la Consejería de Igualdad". En opinión de María Jesús Fernández, "el Gobierno de España ha cumplido en este caso su parte", pero no así la Comunidad Autónoma que, habiendo recibido los fondos, "ni ha puesto en marcha las bolsas de trabajo requeridas, ni las medidas de reconocimiento y apoyo a los cuidadores no profesionales". Una situación intolerable que, a juicio de María Jesús, "debería ser aclarada y corregida cuanto antes por la responsable directa, la consejera y vicepresidenta Isabel Franco".
