Podemos-Cieza se felicita por la muy reciente aprobación de la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria que, en palabras de la portavoz de este partido, Maribel Aguayo, "es la ley más importante para el sector agroalimentario de cuantas se han aprobado en lo que va de legislatura". Esta nueva norma jurídica, ya en vigor, "prohíbe la venta a pérdidas de los productos del campo, desterrando ciertas prácticas abusivas que ahogaban muchas veces la economía de los productores agrarios".

Esta ley era, para Podemos, absolutamente necesaria, y proporciona un nuevo marco jurídico más justo, ya que "la cadena alimentaria desde el campo hasta el consumidor genera un gran valor añadido que no se reparte equitativamente, pues se lo embolsan principalmente los intermediarios y los vendedores finales, mientras que los productores, en algún caso, no cubren costes".

El texto legal definitivamente aprobado es una modificación de la Ley de Cadena Alimentaria, promulgada en 2013, "que incorpora numerosos cambios, algunos de ellos de gran calado". Entre estas modificaciones, "la más destacada es, sin duda, la prohibición de la venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena alimentaria, incluida la venta final, que conlleva la obligación de que se pague al agricultor un precio superior al coste efectivo de producción, incluyendo en este concepto todos los costes vinculados con el desarrollo de la actividad, desde el coste de las semillas, fertilizantes y la energía, hasta trabajos contratados y mano de obra asalariada o aportada por el productor o familiares".

Esta novedad legal fue desde el primer momento irrenunciable para Unidas Podemos y, como señala la portavoz ciezana, "conseguir que el PSOE la aceptase no ha sido sencillo, al menos que la aceptase en toda su extensión y necesitó muchos meses de negociación, sin que hubiese acuerdo hasta el día de antes a la aprobación definitiva de la ley por el Congreso de los Diputados".

Otra novedad interesante es, para esta portavoz, "el nuevo registro digital de contratos alimentarios, en el que habrán de inscribirse todos los contratos que se suscriban con agricultores o ganaderos y sus eventuales modificaciones".

Además de estas y otras obligaciones que impone la ley, "para conseguir una protección efectiva de los productores agroalimentarios se establece un sólido régimen sancionador, en el que se fijan sanciones administrativas a los incumplidores".

Según Maribel Aguayo, "podemos estar orgullosos, una vez más, de nuestras compañeras y compañeros en el Gobierno y en el Parlamento, que son un ejemplo de tenacidad en el intento de conseguir lo mejor para los agricultores". Y, muy especialmente, "orgullosos de la enorme capacidad de trabajo desplegada en todo el tiempo de tramitación del anteproyecto inicial", en la que se mantuvieron reuniones constantes con todos los actores involucrados, "tanto con agricultores y ganaderos como con la industria y los comercializadores". El resultado final es que "con esta Ley se avanza en la protección de nuestros productores agrícolas y ganaderos", pues su fin es "la defensa de los sectores más débiles, y responde a las necesidades de quienes producen alimentos en nuestro país".

Desde Podemos-Cieza se muestran convencidos de que "esta reforma legal marcará un antes y un después en el modo de afrontar la crisis del campo", aunque también advierten "que las leyes sin voluntad política de que sean efectivas sirven para poco", por lo que aseguran que se mantendrán vigilantes sobre el desarrollo reglamentario y la puesta en práctica de las nuevas normas.