Se trata, como explica la portavoz de Podemos-Cieza, Maribel Aguayo, de una dotación económica financiada en su mayor cuantía con cargo a los fondos europeos para la recuperación económica, y que tiene carácter finalista, es decir, "las cantidades asignadas no pueden ser usadas para cualquier cosa sino que deben invertirse en los conceptos a los que se destinan".
En conjunto, "tanto por su montante como por la naturaleza de las acciones que se pretende financiar podemos decir que estamos ante una actuación histórica, y desde Podemos estaremos vigilantes para que este dinero se invierta correctamente y no sea dirigido hacia otros fines como el impulso, cada día más evidente, de la red concertada de centros privados en detrimento de la red pública".
Por otra parte, Maribel Aguayo ha señalado que el principal reto de la educación pública en la región es reducir en lo posible las ratios de alumnos por profesor en las aulas, que son claramente excesivas, "por lo que la prioridad absoluta debería ser incrementar la plantilla de profesores, una reivindicación en la que Podemos coincide con los sindicatos con implantación en el sector de la educación".
Y esto por una doble razón. De un lado, están los claros efectos beneficiosos de reducir las ratios en cuanto a la transmisión de la pandemia, "como quedó claro tras las medidas adoptadas en el curso anterior y como señalan todos los expertos". Pero a esta ventaja, que podría ser coyuntural, se suman otras, "que se vienen señalando por el profesorado desde hace mucho como son una mejor atención a la diversidad y la posibilidad de introducir paulatinamente metodologías nuevas y activas en las aulas, que requieren un mayor grado de atención individual". A este respecto, recuerda Maribel Aguayo que "las ratios en las aulas españolas son de las más altas entre los países de nuestro entorno cultural y político europeo".
Por todo ello, las exigencias de Podemos en cuanto a inversión educativa en Murcia son claras: "uso adecuado de la dotación extraordinaria a recibir del Estado, que debe servir para impulsar la digitalización de los centros educativos públicos y para garantizar la equidad entre ellos, y una política general de gasto educativo que contemple su aumento en relación con los necesarios incrementos de plantilla". El Gobierno de la nación ha cumplido con su parte, "pero falta el compromiso con la educación pública del gobierno regional, que en lugar de contemplar reducciones de ratio o mejoras de financiación para los centros públicos, sigue fomentando el crecimiento de la red privada de centros concertados y concediendo ayudas a centros privados que discriminan por sexos, como el Nelva o el Monteagudo, a pesar de ser esto algo prohibido por la ley".
