El Ejecutivo municipal planteará en el pleno ordinario de mayo instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que reconvierta el borrador de decreto en el que trabaja actualmente en un "Anteproyecto de Ley de Atención Temprana de la Región de Murcia en cuya formulación sean tenidas en cuenta las reivindicaciones y propuestas de los agentes implicados, la Plataforma en Defensa de la Atención Temprana, técnicos y profesionales, madres y padres, y que atienda al interés general".

La titular de Política Social, Melba Miñano Bleda, explica en un comunicado que la atención temprana tiene como objetivo "ofrecer una respuesta lo más rápida posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos por sus características biológicas y/o sociales, así como atender a las necesidades de sus familias y entorno".

En palabras de Miñano, "todos los ciudadanos de Cieza y de la Región de Murcia tienen el derecho a poder recibir un servicio de atención temprana con una metodología interdisciplinar basada en los aspectos social, sanitario y educativo que promocione el desarrollo integral de los niños y de sus familias, de forma que redunde en el bienestar, no solo del menor y su familia, sino también de su entorno y de la comunidad".

Explica que en la Región de Murcia se está atendiendo un total de 4.460 niños con sus familias en los diferentes servicios y centros de atención temprana, con más de 150 profesionales trabajando en ello. "Estos profesionales están unidos en un objetivo común: garantizar una atención de calidad en los servicios de atención temprana con la mayor eficacia desde el punto de vista técnico, afectivo, educativo, sanitario y social".

Argumenta la concejala que la propuesta del actual borrador de decreto elaborado por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la CARM para regular la Atención Temprana en la Región de Murcia "no ha considerado la opinión y demandas de los profesionales del sector (con más de 30 años de experiencia en el área) que abogan por un servicio público, universal, gratuito y de calidad. No ha tenido en cuenta la evidencia científica ni las indicaciones recogidas en diferentes documentos que acreditan los principios básicos de la Atención Temprana, como 'El libro Blanco de la AT' (2000). Por otro lado, establece un procedimiento de solicitud muy complicado que dificultará el acceso de las familias que demanden el servicio, pero especialmente a las más vulnerables desde el punto de vista social y económico, lo que atenta directamente contra principios fundamentales de los menores y sus familias y promoverá el acceso al sector privado para aquellas familias con más recursos económicos. Determina que sean técnicos de educación los que valoren a los menores que soliciten el servicio de Atención Temprana en base a baremos de discapacidad, (dejando fuera a menores en proceso diagnóstico y de riesgo biológico y/o social, que no tienen una patología establecida) y establece, en base a ello, la intervención a llevar a cabo. Lo que supondrá una disminución de la atención integral de los menores y sus familias además de un gasto extra de recursos públicos".

Para Melba Miñano, "estas y otras cuestiones chocan frontalmente con el sentido que ofrece el derecho a recibir desde los servicios de atención temprana una intervención social, sanitaria y educativa que promocione el desarrollo del niño y de la familia, así como con el derecho a recibir una atención pública y de calidad".