El concejal de Consumo del Ayuntamiento de Cieza señala que "a pesar de la legislación existente en materia de bienestar animal, se siguen detectando malas prácticas e incumplimientos en algunos mataderos".

El Ministerio de Consumo obligará a instalar cámaras de videovigilancia en todas las instalaciones de sacrificio animal. El departamento dirigido por Alberto Garzón, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), sacó la pasada semana a consulta pública un proyecto de real decreto que lo regule.

En declaraciones a la prensa, el concejal de Consumo del Ayuntamiento de Cieza, Francisco Saorín, ha señalado que el objetivo del proyecto de real decreto es que se cumpla la normativa existente. A nivel europeo, es el reglamento 1099/2009 el que controla el bienestar de los animales en el momento de su sacrificio; a nivel nacional, las disposiciones están en el RD 37/2014. Este obliga a las empresas a "designar un encargado de bienestar animal" bajo cuya responsabilidad recaen las buenas prácticas en el momento de la matanza. Entre ellas, los "sistemas de aturdimiento", que consisten en dejar inconsciente al animal para que no sufra al morir.

"A pesar de la legislación existente en materia de bienestar animal, se siguen detectando malas prácticas e incumplimientos en algunos mataderos", señala el concejal, por lo que, "para asegurar el cumplimiento de la mencionada normativa, la instalación de cámaras de videovigilancia de los mataderos constituirá una herramienta obligatoria para los operadores, que incorporarán el visionado de las grabaciones a los controles que ya llevan a cabo", según señala el proyecto de decreto-ley.

Saorín considera que los consumidores demandan "más información sobre los productos alimenticios" y que esto incluye "las condiciones de los animales". Con la nueva normativa, se pretende aumentar la transparencia en el sector, por lo que el texto tendrá que resolver cuestiones sobre la privacidad de los trabajadores de los mataderos, el almacenamiento del material grabado y el procedimiento para denunciar ante la autoridad.

Finalmente, Saorín ha recordado que la ONG Equalia ha impulsado hasta la fecha proposiciones no de ley que obliguen a la instalación de cámaras en trece comunidades autónomas y ha colaborado con empresas que se han adherido a su propuesta. Es, junto a FACUA, una de las organizaciones que apoya la medida del Ministerio. El plazo para enviar opiniones finaliza el 23 de octubre y el correo al que estas deben dirigirse es: riesgosbiologicos@mscbs.es.