Parece que el curso escolar comenzará en Murcia sin que se contrate ni uno más de los ochocientos profesores que ya fueron en su día comprometidos y anunciados por el gobierno regional. Eso sí, la nuestra es una de la comunidades autónomas en las que se ha retrasado el inicio del curso escolar, con el consiguiente perjuicio para los alumnos y para sus familias. Nuestros gobernantes desoyen lo que ya es un clamor popular en la región: una dotación mucho mayor de recursos suplementarios para garantizar la vuelta segura a las aulas de todos los centros educativos.
Desde nuestro punto de vista, la solución semipresencial es, en cierto modo un timo, un parche barato para dar la impresión de que se toman medidas y, al mismo tiempo, no hacer una buena gestión de los 73 millones de euros enviados desde el Gobierno Central a nuestra Comunidad Autónoma, con la finalidad de reforzar el sistema educativo.
Durante el confinamiento, se ha evidenciado que los Centros Educativos tienen unos recursos tecnológicos obsoletos, anticuados y escasos que no han servido para dar solución a la educación online, además de que la mayoría de las familias tampoco disponen de los dispositivos tecnológicos y quizás de los conocimientos necesarios para poder ayudar a sus hijos desde casa.
Por lo que, la semipresencialidad en las aulas, tal y como la ha planteado la Consejería de Educación en Murcia, no es otra cosa que la vulneración, del derecho a la educación, que pasa a tenerse unos días sí y otros no, ya que la estricta presencialidad en las aulas de los centros es la única fórmula compatible con el valor superior de la igualdad que propugna la Constitución como uno de sus ejes vertebradores. La tecnología no es una varita mágica que pueda solucionar todos los problemas de la enseñanza, sino una herramienta complementaria de la docencia directa, que será conveniente en la medida en que sirva para ampliar horizontes, para integrar, pero que también puede multiplicar las desventajas derivadas de situaciones sociales desfavorecidas.
Desde la óptica de Podemos-Cieza, el desafío es, por tanto, hacer posible la presencialidad en las aulas y la minimización del riesgo sanitario, aunando el derecho a la educación de todos con el derecho a la salud. Un reto que, al Presidente López Miras y a su consejera Esperanza Moreno les viene grande, pero que podría estar al alcance con un aumento suficiente de los recursos destinados, disminuyendo el número de alumnado por aula (ratio) y aumentando el número necesario de profesorado, entre otras medidas.
Así, desde Podemos-Cieza consideramos que no se han recuperado los niveles de inversión educativa desde hace 10 años (unos 1.000 millones de euros perdidos para la educación pública) y los recortes que trajo aparejados. Solo con recuperar estos niveles se podrían atender buena parte de las reivindicaciones de la comunidad educativa en Murcia en esta coyuntura.
El esfuerzo inversor en la educación no es necesario solo por la pandemia, sino que ya lo era antes para homologarnos con los estándares de inversión de los Estados de nuestro entorno económico y político más próximo y para convertir a España en un país de progreso. Como sucede con frecuencia, el impacto de la pandemia va más allá de su mero efecto directo sobre el sistema educativo, en el que genera nuevas exigencias, sino que, además, desvela las carencias heredadas de etapas políticas anteriores que estuvieron presididas por el dogma austericida y por los afanes privatizadores de una oligarquía económica concertada con la derecha política.
En definitiva, lo cierto es que, por desgracia, el inicio de curso no va a ser en la Región de Murcia lo seguro que debiera, a pesar de los esfuerzos de profesionales y equipos directivos, y a la colaboración del alumnado y sus familias. A todos ellos, desde Podemos-Cieza, les dirigimos un mensaje de sincera gratitud y les ofrecemos todo el apoyo posible, con la garantía de que seguiremos en la reivindicación y en la esperanza de que la educación pública pase, de una vez por todas, a ocupar el lugar que le corresponde en las prioridades de nuestros gobernantes, estatales, regionales y locales; con la COVID-19 y después de ella.
