El lunes 1 de junio se publicaba en el BOE el texto del Decreto-ley que regula el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV). La norma ya está en vigor con carácter provisional, aunque tendrá que ser convalidada por el Congreso de los Diputados antes de que transcurran 30 días, un trámite que en principio no debe suponer ningún problema para el Gobierno. En opinión de Piedad Abellán, secretaria general de Podemos-Cieza, "estamos, sin lugar a dudas, ante el avance en materia de derechos sociales más importante en España desde la Ley de Dependencia, que pone de manifiesto la preocupación social de un Gobierno en el que la defensa de los derechos sociales es una bandera, gracias en buena medida a la presencia de los ministros de Podemos".

El IMV no es una simple prestación más. Con él nace un nuevo derecho subjetivo y se aplica un novedoso enfoque del problema de la pobreza en el país. Como explica Piedad Abellán, "no podemos olvidar que con medidas semejantes se ha conseguido en algunos Estados reducir drásticamente los niveles de pobreza, como ocurrió en Brasil con Lula da Silva". El objetivo es eliminar la pobreza severa en España, y para ello se establece un valor mínimo de renta por unidad familiar que el Estado complementará por medio de una prestación en aquellos casos en que la renta familiar se sitúe por debajo; el valor de esta renta mínima garantizada oscila entre los 400 y los 1000 euros al mes en doce pagas, en función del número de miembros de la familia y de otras circunstancias, como la monoparentalidad. La prestación necesaria para alcanzar esta renta en cada familia será gestionada por el Estado central a través del INSS salvo en el País Vasco y en Navarra por razones de eficacia, aunque en un futuro podría trasladarse a las comunidades autónomas.

Según Piedad Abellán, "las estimaciones que hemos hecho en Podemos nos indican que, posiblemente, más de 20 000 familias en la región de Murcia podrían beneficiarse de esta ayuda". Es una cifra muy alta, "que, de alcanzarse, multiplicaría por cinco la de las familias perceptoras de la renta autonómica de inserción actualmente en vigor". También en Cieza supondría un espaldarazo enorme a la lucha contra la pobreza, "ya que, aunque es un dato difícil de estimar, podría haber entre 400 y 500 familias, al menos, con derecho a solicitar el ingreso".

También quieren, desde Podemos, salir al paso de los detractores del nuevo derecho: "El coste de la medida, en torno a 3 000 millones de euros anuales, no es exorbitante, situado cerca del 0,3 % del producto interior bruto, y, por otra parte, generará un importante retorno a las arcas públicas en términos fiscales y de reactivación económica, ya que todo el montante de este ingreso se invertirá en consumo, dadas las características de sus perceptores". En cuanto a una posible desmotivación de la búsqueda de empleo, "la evidencia empírica en otros países apunta a todo lo contrario, y un sistema correcto de incentivos, como los que contempla la ley, pueden asegurar que este efecto no se produzca de modo significativo". Además, "lo que sí desincentiva la nueva norma es la permanencia en la economía sumergida, ya que lo primero que tendrá que hacer cualquier solicitante será precisamente, retratarse ante Hacienda".

Por tanto, "bienvenida sea una norma de carácter eminentemente social, moderna y solidaria, y desde Podemos-Cieza animamos a todos los ciezanos y ciezanas que pudiesen ser eventuales titulares del nuevo derecho a que se informen y lo soliciten"